Cronología de un cerco legal y financiero
Mientras el régimen de Nicolás Maduro se aferra al poder, enfrenta una presión internacional creciente. Estados Unidos ha implementado una estrategia legal y financiera sin precedentes para combatir la corrupción, el narcotráfico y la militarización del chavismo. A diferencia de las intervenciones militares del pasado, Washington ha optado por herramientas jurídicas: sancionar a los responsables, congelar activos y perseguir redes ilícitas más allá de las fronteras venezolanas.
¿Qué es “Law Enforcement”?
El término law enforcement alude a la aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional. En Estados Unidos, involucra a agencias como el Departamento del Tesoro, el FBI, la DEA y la Fiscalía Federal, que investigan y procesan delitos. En el contexto internacional, Washington ha desarrollado un enfoque extraterritorial para perseguir a individuos e instituciones implicadas en corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos, aun operando fuera de Estados Unidos.
A través de leyes como la Magnitsky Global se ha construido un cerco legal contra el chavismo, priorizando la vía judicial sobre la militar y sentando un precedente sobre cómo las democracias pueden enfrentar regímenes autoritarios.
Herramientas legales de EE UU contra el chavismo
Entre las principales herramientas utilizadas por Estados Unidos destacan las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro y la OFAC, que han congelado activos y restringido el acceso de funcionarios chavistas al sistema financiero internacional, limitando su capacidad de inversión y movilidad. A esto se suman las recompensas ofrecidas por el FBI y la DEA por información que conduzca a la captura de altos funcionarios —incluido Nicolás Maduro— acusados de narcotráfico. Paralelamente, se han llevado a cabo investigaciones transnacionales en coordinación con otros países, orientadas a rastrear redes criminales vinculadas al contrabando de oro, el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
También se ha ejercido presión en tribunales internacionales, especialmente en la Corte Penal Internacional, instando a la apertura de investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, incluyendo represión política, detenciones arbitrarias y torturas.
Conjuntamente, estas acciones han consolidado el law enforcement como una herramienta estratégica de presión, debilitando las estructuras económicas, política y militar del chavismo.
El poder militar: sostén del régimen chavista
El control de las Fuerzas Armadas ha sido un pilar fundamental en la continuidad del chavismo. Bajo el mando de Nicolás Maduro, los altos mandos militares no solo han sido instrumentos de represión, sino también beneficiarios directos del poder económico, con acceso a actividades ilícitas y cuotas de control sobre sectores estratégicos del Estado. La Ley Constitucional de la FANB, aprobada en 2020, consolidó aún más su influencia al fortalecer estructuras como las REDI y ZODI, utilizadas para la vigilancia territorial y el control político en las regiones.
En respuesta, Estados Unidos ha sancionado a varios altos mandos por su participación directa en la represión y redes criminales. Entre ellos destacan Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, acusado de facilitar la represión; Remigio Ceballos, exjefe del Comando Estratégico Operacional, por su rol en la vigilancia y represión interna; Antonio Benavides Torres, vinculado a la represión de las protestas de 2017; y Néstor Reverol, exministro del Interior, implicado en operaciones de narcotráfico.
El aparato militar también opera como administrador de negocios ilícitos —incluyendo el contrabando de oro, el tráfico de armas y el lavado de dinero— que generan una fuente de financiamiento paralela y opaca para el régimen. Las sanciones buscan precisamente desarticular esta red, bloquear sus ingresos y restringir la movilidad internacional de sus principales actores. Sin embargo, el chavismo ha respondido adaptándose, estableciendo nuevas alianzas con países que le ofrecen respaldo económico y acceso a mercados estratégicos, desafiando así la eficacia plena del cerco internacional.
Perspectivas del cerco legal
La estrategia estadounidense ha evolucionado hacia una ofensiva estructurada que no solo apunta a los líderes del régimen, sino también a sus redes financieras y empresariales. Para que esta presión sea realmente efectiva, debe extenderse más allá de las figuras principales y alcanzar a los niveles medios e infraestructuras que sostienen al chavismo.
En este sentido, identificamos tres líneas clave para fortalecer el cerco:
1. Sancionar a mandos intermedios militares, responsables directos de la represión y el control territorial. Muchos comandantes regionales de las REDI y ZODI continúan operando sin sanciones, a pesar de su rol fundamental en la estructura operativa del régimen.
2. Investigar a familiares y testaferros, quienes facilitan el lavado de dinero y el ocultamiento de activos. Estos actores permiten que el régimen evada las sanciones mediante empresas fachada y complejas estructuras financieras internacionales.
3. Atacar las redes empresariales vinculadas a la explotación de recursos estratégicos, como el oro y el petróleo. Estas empresas, que mantienen respaldo de países aliados, siguen operando en mercados internacionales. Ampliar las sanciones a estas entidades y a sus socios extranjeros podría cortar vías críticas de financiamiento para el régimen.
Mensaje final
Las herramientas legales para enfrentar regímenes autoritarios son más amplias y potentes de lo que comúnmente se percibe. El law enforcement no se limita a sanciones o procesos judiciales; también incluye acciones de fuerza siempre que se ejecuten dentro del marco de la ley y el derecho internacional. En el caso venezolano, la aplicación estratégica de la justicia ha demostrado ser un instrumento eficaz para debilitar al chavismo.
Sin embargo, es fundamental entender que la ley no equivale a pasividad: puede —y debe— incorporar mecanismos coercitivos cuando están justificados y cuentan con respaldo legal.
La defensa de la democracia exige actuar con firmeza, pero siempre bajo el imperio de la legitimidad.
Sobre el autor
Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (designado en 2017). Jurista exiliado por su labor contra el régimen de Nicolás Maduro. Promotor del Estado de derecho, la justicia internacional y la defensa del orden constitucional en América Latina.
