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Leonardo Palacios: “No puede existir armonización tributaria como limitación a los municipios”

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Leonardo Palacios: “No puede existir armonización tributaria como limitación a los municipios”

 

 

El Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Caracas, profesor y expresidente de la Asociación  Venezolana de derecho tributario Leonardo Palacios, se pronunció sobre el proyecto de ley Armonización Tributaria que trabajará la Asamblea Nacional (AN) de 2020. 

 

 

El también abogado tributario advirtió que no habrá armonización si se permite que los estados invadan competencias propias de la república y municipios

 

Desde la Asamblea Nacional (AN) de 2020, de mayoría oficialista, se anunció que, en el segundo período de sesiones ordinarias, se trabajará en el proyecto de ley Armonización Tributaria.

 

 

Sobre esto, el Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, advirtió que el propósito gubernamental con esta ley depende de varias condiciones que no están garantizadas actualmente.

 

 

“El presidente Nicolás Maduro pretende armonizar y coordinar el sistema tributario En las actuales condiciones es difícil: El gobierno no cree en la descentralización ni ha respetado la autonomía municipal limitada. Y no ha propiciado la hacienda estadal”, expresó Palacios, este miércoles 24 de agosto, a través de su cuenta de Twitter.

 

 

Destacó que no puede existir “la armonización como limitación a los municipios, si persiste la vorágine de la tributación nacional. La armonización es para todos”.

 

 

Dijo que la armonización será una “quimera” sino se asume el compromiso político de definir, conforme a la Constitución, y de manera clara, “la necesidad de la transparencia de un régimen de relaciones fiscales intergubernamentales”.

 

 

Palacios, también abogado tributario, advirtió que, si el gobierno nacional y la AN no establecen un régimen simplificado de tributación para contribuyentes de difícil control, “la violencia de gestión tributaria contra el número cada vez menos de empresas formales seguirá y no habrá armonización sino evasión”.

 

 

Puntualizó que, si se permite que los estados invadan competencias propias de la república y los municipios, “creando impuestos bajo disfraz de timbres fiscales, como lo pretende el estado Portuguesa, no habrá armonización tributaria”.

 

 

Para el Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Caracas aunque la armonización tributaria es necesaria para la reactivación económica, no será posible sino se eliminan anticipos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o del Impuesto Sobre La Renta (ISLR).

 

 

En tan sentido, Leonardo Palacios dijo que estos impuestos son copiados ilegalmente por los municipios y, en ambos casos, “absorben como ‘toallín’ el flujo de caja de las empresas”. Sostuvo que La reactivación es tarea de todos”.

 

 

Palacios aseveró que no habrá armonización y reactivación económica, especialmente a través de industria petrolera, si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no revisa la voracidad municipal de gravar con indexación las actividades del sector con impuestos actividades económicas.

 

 

Otro aspecto señalado en el análisis del Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Caracas es que no puede haber la armonización, anunciada desde la AN de 2020, “sino tanto el TSJ como la AN, no ponen límites a las vías de hecho y violencia de gestión tributaria, ancladas en amenazas municipios de cierre empresas y bloqueo de circulación de transporte”.

 

 

En este sentido, enfatizó que la armonización incluye la potestad sancionatoria.

 

 

“El gobierno debe sincerarse, pues auspiciar comunas, mantener contribuciones irracionales para financiarlas, desnaturalizada su esencia de tributos, de manera coexistente con impuesto locales, no armoniza la imposición, sino que profundiza su irracionalidad”, sostuvo.

 

 

Para Leonardo Palacios otro aspecto clave es el referido a la necesidad de sincerar la designación de contribuyentes especiales, “pues la perversidad de su indicación conduce a los municipios a crear formas indebidas de retención y percepción”.

 

 

A su juicio, tampoco habrá armonización tributaria, “o será chucuta”, sino se establece claramente la prohibición de gravar ganancias o rentabilidad fantasma por variación cambiaria, tanto por vía de imposición a la renta como de impuestos locales.

 

 

Expresó que no se alcanzará la armonización tributaria, seguridad jurídica y derecho a una buena administración tributaria, “sino se buscan mecanismos de evitar solapamientos y abusos de registros (Saren), registros y obtención conformidad de uso, permiso de bomberos y fichas catastrales”.

 

 

De esta manera, también advirtió que la pretendida armonización no será sincera, sino se restablece el sistema de ajuste por inflación en el Impuesto sobre la Renta, y se establece una Unidad Tributaria Única, “debida y oportunamente reexpresada, pues se repotencia la esencia de impuesto indirecto de la inflación”.

 

 

Revisión tributaria

 

 

Por otra parte, el abogado tributario cuestionó que el gobierno de Maduro piense que la armonización tributaria significa poner límites a las alícuotas de los impuestos municipales, sin limitar la vorágine de la imposición nacional. Entonces, se genera una vorágine imposición nacional versus voracidad fiscal municipal, señaló.

 

 

“La coexistencia del Impuesto Grandes Patrimonios (IGP) y el Impuesto Inmobiliario Urbano, que grava inmuebles, que no producen renta, es una variación impositiva del grito, que todavía aturde de ‘Exprópiese’. Si no se elimina el IGP no habrá armonización”, subrayó.

 

 

Insistió en que, en Venezuela, no habrá armonización tributaria sino se armoniza el IVA y su «tasa O» con el gravamen irracional del Impuesto a las actividades económicas.

 

 

“Las trabas de incremento del valor de exportación por efecto impositivo, no generan efectos incentivos para exportar”, argumentó. De la misma manera, Leonardo Palacios destacó que eso significaría el fin de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) creadas por Maduro y formalizadas en la Ley Orgánica, aprobada por la AN de mayoría oficialista.

 

 

 

 

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