La expresidenta intentó a última hora cerrar la cárcel Punta Peuco para violadores de los derechos humanos
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su predecesora, Michelle Bachelet. MARIO RUIZ EFE
La última semana de Michelle Bachelet en La Moneda fue a contrarreloj. A cinco días del cambio de mando del pasado domingo, la presidenta presentó su proyecto de nueva Constitución, que ha sido criticado por el Gobierno entrante de derecha, de Sebastián Piñera, cuya Administración frenará la iniciativa. «No lo conocía prácticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayoría de centroizquierda», señaló el mandatario en entrevista con EL PAÍS. No fue la única decisión, sin embargo, que la socialista tomó a última hora. Hasta el mismo domingo por la mañana, poco antes de la ceremonia de traspaso de poder, Bachelet realizó gestiones para llevar a cabo su último proyecto estrella: cerrar la cárcel de Punta Peuco, un recinto destinado exclusivamente a violadores de los derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet, criticado por las víctimas desde su fundación en 1995 por las condiciones privilegiadas en que viven los exmilitares y agentes. Pero la mandataria no tuvo éxito: su ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto para su cierre.
La noticia estalló el lunes pasado, en el periódico La Tercera, pero hasta ahora no existe ninguna versión oficial de Bachelet y su entorno respecto de un episodio que ha sido catalogado de «bochornoso». Las críticas no provienen tanto de la derecha como del propio centroizquierda, ahora en la oposición, y de las víctimas de derechos humanos. Carmen Gloria Quintana, que fue quemada con gasolina por la dictadura en 1986, cuando con 18 años participaba de una protesta, escribió una dura carta contra la exmandataria: «Lo sucedido con Punta Peuco es una falta de respeto cruel con el dolor las víctimas y con nuestra sociedad. Quien gobernó fue Michelle Bachelet y ella es la que debe dar las explicaciones de lo sucedido. Ella tuvo cuatro años para hacerlo, pero hoy resulta evidente que no tuvo las ganas ni la voluntad política», señaló en una misiva desde Montreal una de las víctimas chilenas de mayor simbolismo.
Fue justamente en una reunión entre Bachelet y Quintana, en agosto de 2015, cuando la socialista se comprometió a cerrar Punta Peuco, a 44 kilómetros al noreste de Santiago, según reveló Quintana a la salida de aquel encuentro. A lo largo de su Gobierno la socialista continuamente fue consultada por la medida. «Voy a cumplir todas las promesas que he hecho», respondía la expresidenta. En la misma línea, la semana pasada asistió a un programa de televisión, con el popular animador de televisión chileno, Don Francisco, que nuevamente le preguntó por el cierre de la cárcel especial. Bachelet sugirió que no se iría del poder sin tomar la decisión: «Quedan cinco días y no anuncio nada por la prensa… ahí se verá», indicó en su última semana como presidenta.
Bachelet y sus círculos no han entregado una versión oficial, pero el propio exministro Campos ha dado algunas luces de lo sucedido. Hasta el viernes a las cinco de la tarde, cuando dejó el ministerio, el extitular de Justicia no habría recibido el decreto firmado por Bachelet. La presidenta habría apurado las gestiones durante el sábado y domingo, los dos últimos días de su mandato. \ privadas con la presidenta no las comento ni con mi mujer ni menos con la prensa. Pero si el sábado o el domingo me hubiesen planteado ejecutar cualquier acto vinculado con el Ministerio de Justicia, el que hubiese sido, me habría negado a hacerlo», advirtió en ADN Radio. «En los hechos, yo cesé mis funciones como ministro de Justicia el día viernes a las cinco de la tarde. Aunque hubiese sido el Papa de Roma, ni el sábado ni el domingo ejecuto acto alguno», señaló Campos, que nunca estuvo en contra el cierre, sino que se habría negado por la oportunidad de la decisión.
Las críticas corren por distintos caminos. Por una parte, un sector de la oposición apunta contra el exministro Campos, que se negó a firmar el decreto de Bachelet, cuyo Gobierno terminaba formalmente el domingo a mediodía. Los activistas de derechos humanos y las víctimas, en tanto, reprochan la tardanza de la Administración anterior en haber tomado la decisión de cerrar Punta Peuco, donde actualmente cumplen prisión unos 130 internos, entre los que se hallan los jefes de los órganos represivos y los agentes que actuaron con mayor crueldad. Sobre todo porque, como señaló Quintana, se trataba de una decisión política, que Bachelet pudo tomar en cualquier momento de sus cuatro años de su segundo mandato (2014-2018).
Pero lo que causa mayor sorpresa es el problema político mayor que Bachelet le podría haber heredado a su sucesor. En un sistema ordenado como el chileno, marcado por los gestos de deferencia entre un presidente y el que le sigue, a Piñera le habría correspondido cursar o paralizar el decreto firmado un domingo, cuando la Contraloría General de la República se halla cerrada. Cualquiera hubiese sido la decisión del actual presidente respecto de Punta Peuco habría representado su primera crisis.
El decreto firmado por Bachelet contemplada redestinar la cárcel de Punta Peuco a los presos que requieren un tratamiento especial, como las embarazadas o los enfermos. Los violadores a los derechos humanos habrían sido trasladados al penal Colina 1, que hace algunos meses fue ampliado.
ROCÍO MONTES
