Hace pocos días trascendió la noticia de que el gobierno norteamericano dio el visto bueno a un proyecto gasífero entre Venezuela y Trinidad y Tobago, aun cuando persiste en su política de confrontación contra el régimen venezolano.
Mientras el US Navy bombardea lanchas entre Venezuela y Trinidad, reviviendo la política del Long Stick (del palo largo) de Teddy Roosevelt, y los medios manejan la especie de la llegada de los “marines” a Venezuela, al mejor estilo del Imperialismo yanki de Ronald Regan (Granada y Panamá), el gobierno norteamericano concede una nueva licencia a la Shell para desarrollar una exploración de gas costa afuera en aguas venezolanas que limitan con Trinidad, exigiendo como condición, contrario a la doctrina liberal del “laissez faire”, la obligatoriedad de la inclusión de empresas norteamericanas en el proyecto
La inglesa Shell había concluido el levantamiento geológico marino en el segundo trimestre del 2025, en el llamado Campo Dragón, determinando la localización de las perforaciones y el tendido de tuberías. La nueva licencia contempla continuar las negociaciones hasta abril de 2026. Está estructurada en tres etapas: la primera, permite a Trinidad y a la Shell negociar el proyecto con Venezuela y Petróleos de Venezuela (PDVSA) hasta abril de 2026, pero, como ya apuntamos, hace obligatoria la inclusión de empresas estadounidenses en el desarrollo. Este proyecto había avanzado con lentitud desde el 2019, debido a las sanciones norteamericanas sobre PDVSA que no permitía a terceros negociar con la compañía estatal venezolana.
Washington fue claro en que el acuerdo no debe traducirse en un beneficio económico para el gobierno de Nicolás Maduro. Tal como se lee en el comunicado emitido por el Departamento de Estado, del 30 de septiembre, donde subraya su respaldo al proyecto, siempre y cuando “se garantice que no proporcione ventajas significativas al gobierno venezolano”.
El Campo Dragón, localizado en aguas venezolanas, tiene reservas probadas de 4,22 trillones (un millón de millones de millones) de pies cúbicos de gas, uno de los mayores depósitos de metano en el país. El plan conjunto trinitario-venezolano tiene como finalidad abastecer a la industria petroquímica trinitaria de gas natural específicamente la Trinidad’s National Gas Company para la conversion de gas licuado, listo para su exportación.
La industria petroquímica y gasífera de la isla caribeña vive un momento menguado. La empresa estatal Petrotrin cerró operaciones en el 2018 y ha experimentado una caída del 33 % en la producción de gas desde 2015. La necesidad de aumentar la producción surge en un momento en que el país busca cubrir un déficit de suministro y enfrenta una grave escasez de divisas. Kevin Ramnarine, exministro de Energía de Trinidad, califica al proyecto, y con razón, como una “tabla de salvación” para la industria local, en momentos en que intentan reabrir la refinería.
A raíz de la nueva apertura a las actividades petroleras trinitarias y a la exigencia del gobierno norteamericano de incorporar empresas americanas al proyecto Dragón, la empresa norteamericana ExxonMobil anunció una inversión multimillonaria que ejecutaran con la reanudación de operaciones en Trinidad después de su salida en el 2003.
Como hemos visto, negocios, militares y política están, hoy en día, cada vez más interconectados. Pasaron los tiempos del “laissez faire”, de la doctrina liberal, cuando se desaconsejaba la aplicación de políticas industriales en las cuales el Estado interviniera a favor de sus empresas nacionales.
Gerardo Lucas
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