“El gobierno le entregó el control de la PGV a grupos armados”
Marzo 20, 2017 12:13 pm

Humberto Prado, director de OVP, dijo que un pran no permitió efectuar una audiencia en el penal, que debía realizarse. Desde 2009 insisten en que busquen el cadáver de Francisco Guerrero

 

 

Desde 2009 el Observatorio Venezolano de Prisiones comenzó a solicitar la actuación del Estado en las denuncias relacionadas con desapariciones de reclusos en la Penitenciaría General de Venezuela y “nunca hicieron nada”, expresó Humberto Prado, director general de la ONG, al referirse concretamente al caso de Francisco Fionel Guerrero Lárez.

 

 

 

Aunque ninguna autoridad actuó para conocer la suerte del preso, hubo ocasiones en las que un fiscal de Guárico llamaba a la familia para preguntarle qué sabía del caso. Cualquier intento de indagar se frustraba, porque no se le permitía el paso a la prisión a aquel que intentara investigar esa desaparición, dijo Prado, quien también opina que el Estado no tiene el control de la PGV.

 

 

Citó un ejemplo: cuando se hizo la audiencia oral en el Tribunal 2° de Control de Guárico por un hábeas corpus solicitado por la OVP sobre ese caso, la juez preguntó que quién tenía el control del penal y el entonces director de la PGV respondió que era él. Prado, que acompañaba a los parientes de Guerrero Lárez, le sugirió a la juez que realizara una audiencia en esa cárcel. La jurista suspendió el acto, y el juzgado y la familia se trasladaron a la PGV, pero el pran llamado Franklin Masacre no dio permiso para que el acto se realizara allí. La audiencia terminó en la sede del Comando de la GNB, ubicado al lado del penal.

 

 

Desaparecido. Guerrero Lárez pagaba condena de 13 años por el robo de un celular en Caracas. La última vez que lo visitó su padre, Francisco Guerrero, fue el 6 de septiembre de 2009. Al día siguiente desapareció. Lo mataron porque protestó por el cobro de la causa, informó Prado.

 

 

 

En una oportunidad hubo un intento de buscar su cadáver en la penitenciaría, pero trataron de hacerlo con dos obreros, un pico y una pala para excavar un área extensa y, por supuesto, no hubo resultados.

 

 

“Lo que acaba de ocurrir en la PGV no puede extrañar a ningún funcionario que trabaje el tema de cárceles”, señaló Prado, al recordar aquella protesta de Guerrero Lárez. Advirtió que puede haber sorpresas sobre el número de osamentas que puedan hallar durante las excavaciones “tanto en la PGV como en la cárcel de Los Pinos, aledaña a la penitenciaría”.

 

 

 

Para Prado ese penal ya no estaba en manos del Estado. “El despacho que maneja el sector carcelario había transferido esa instalación al grupo armado que mandaba en la PGV”, afirmó.

 

 

 

Enfatizó en la necesidad de preguntarle al Estado cuándo fue la última vez que las autoridades penitenciarias ingresaron al penal a censar a la población reclusa y si compararon con el libro de novedades el número de reclusos que entraba a esa cárcel. “Sería conveniente que los jueces que tienen expedientes de reclusos de la PGV solicitaran información de esos presos”.

 

 

Presos sin número. Desde 2008 en la Penitenciaría General de Venezuela no han vuelto a contar a la población penal como se hacía anteriormente, dos veces al día, una modalidad que permitía detectar si faltaba algún recluso. Esto se denominaba lista y número.

 

 

 

“Lo que está pasando es la respuesta a la pobre justicia humana penitenciaria que tiene nuestro país”, indicó Prado.

 

 

 

Los reclusos que dirigían la PGV aumentaron la población carcelaria al derribar la pared que dividía a ese penal del de Los Pinos, lo cual incrementó el número a 4.500 presos.

 

 

“Esta dantesca situación ocurre mientras las autoridades están mostrando a Venezuela como el país con el mejor sistema penitenciario en el mundo, y la nación está escandalizada por estos hechos. Solicitamos que no se paralice la investigación, que no se dé por concluido ese capítulo sino que más bien pidan ayuda para reforzar la búsqueda”, exigió.

 

 

La PGV, que fue construida en 1942 y dirigida por el jurista Tulio Chiossone, tenía capacidad para 555 presos. El penal contaba con 600 hectáreas para cultivar, tenía imprentas, caballerizas, artesanía y carpintería manejada por los reclusos que fabricaban muebles tallados de caoba; tenía espacios para el trabajo, el estudio, la recreación y el deporte para la población carcelaria. Con el paso del tiempo esas instalaciones se deterioraron y disminuyeron las oportunidades para rehabilitar a los presos.

 

 

“Lamentablemente la PGV se deterioró más en su infraestructura y el personal que la tuvo a su cargo”, explicó Prado. Agregó que la prohibición de entrar a la penitenciaría se acentuó después de la situación de rehenes de 42 empleados administrativos, que duró más de 8 días el año pasado.

 

 

 

Prado se preguntó dónde están los cuerpos de los reclusos que murieron durante el estallido de una granada cuando iban a celebrar el cumpleaños del pran. Esos cadáveres no llegaron a la morgue del hospital Dr. Israel Ranuárez Balza.

 

 

 



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