El presidente Daniel Ortega ha sobrevivido a las sanciones y a la presión internacional, pero hasta ahora no ha experimentado el impacto que pudieran generar posibles sanciones dirigidas al sector económico.
VOA
Por Jorge Agobian
Imagen difundida por la presidencia de Nicaragua muestra al presidente de Nicaragua Daniel Ortega la vicepresidenta Rosario Murillo asistiendo a la ceremonia de aniversario del nacimiento del líder sandinista Carlos Fonseca Amador, el 23 de junio de 2021
WASHINGTON D.C. – La Casa Blanca ha insistido en que se encuentra analizando “todas las opciones” para presionar al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega por la detención de cinco de sus contrincantes políticos en las venideras elecciones de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas.
Las medidas, que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso, están basadas en tres factores: “impacto”, respaldo internacional e incentivos, indicó a la Voz de América el asesor para Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.
El funcionario destacó que el “apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones” es clave “porque las sanciones y acciones unilaterales no tienen impacto”.
“Lo más importante es no [cometer] el error que a veces comentemos de interpretar las sanciones como estrategia, sino tener una estrategia que tenga sanciones como una opción en su ejecución”, dijo González a la VOA.
El 9 de junio Estados Unidos sancionó a cuatro personas ligadas al gobierno nicaragüense, que ahora son parte de la lista de más de 24 funcionarios designados bajo el gobierno del expresidente Donald Trump, que puso en marcha una política de «máxima presión» sobre Nicaragua, con el uso de sanciones como la principal herramienta.
“Es muy difícil que Estados Unidos haga esto solo (…) A veces las sanciones nos hacen sentir bien, pero lo que estamos buscando es el impacto”, reconoció González.
/> Descargar audioA comienzos de junio, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, expuso en un comunicado: “Mientras el régimen de Ortega continúa socavando la democracia en Nicaragua, Estados Unidos debe tomar medidas rápidas y significativas para responsabilizar a todas las personas involucradas en este flagrante abuso de poder».
Rubio, que es el miembro de más alto rango del Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer, dijo en el texto que «la Administración Biden debe responder a la continua aprehensión de candidatos de la oposición imponiendo sanciones según lo establecido por la Ley NICA. El Senado también debería aprobar el proyecto de ley bipartidista RENACER para dejar en claro que Estados Unidos no tolerará otro dictador en nuestro hemisferio. Está en juego el futuro del orden democrático de nuestro hemisferio; el momento para tomar acciones es ahora», afirmó el senador.
Ortega ha sobrevivido a las sanciones y a la presión internacional, pero hasta ahora no ha experimentado el impacto que pudieran generar posibles sanciones dirigidas al sector económico, una vía que goza del respaldo de varios legisladores estadounidenses.
El gobierno sandinista considera las acciones de Washington como una «práctica injerencista» y catalogó como «absurdo» el llamado de varios países de la región y Europa a liberar a los líderes políticos. «Aquí no estamos juzgando a políticos, aquí no estamos juzgando a candidatos, aquí se esta juzgando a criminales», enfatizó el mandatario.
Acción de «dudosa legalidad»
Entre las opciones presentadas por una comisión bipartidista del Senado a la Casa Blanca está revisar la membresía de Nicaragua en el Acuerdo de Libre Comercio y «utilizar las herramientas disponibles» en la ley Nica Act, aprobada en 2018, para sancionar a individuos y sectores de la economía de la nación centroamericana.
Sobre la primera, la Casa Blanca pareciera ni siquiera haberlo contemplado hasta el momento: «se puede estudiar, pero es dudosa la legalidad de poder botar a Nicaragua de CAFTA”, reveló González. Sobre la segunda, es una opción que usarían «si es necesario».
Un grupo de legisladores liderado por Robert Menéndez, dio luz verde al proyecto de ley RENACER que busca aumentar las sanciones unilaterales de EE.UU. hacia Nicaragua, un camino que tanto Menéndez como el republicano Mario Díaz-Balart, aseguran es por el que se debe seguir.
«Siempre han sido terroristas y se mantienen terroristas, por eso la importancia de presionar al régimen, con esta ley», dijo Díaz-Balart en una reciente conversación con la Voz de América, aunque admitió que «es imposible tener elecciones libres cuando el régimen está arrestando a la oposición, donde no hay libertad de prensa, no hay ningún tipo de libertad (…) es evidente que no quieren elecciones libres».
Lo que queremos es presionar al gobierno a que deje que el proceso electoral avance, sin ocasionar daño al pueblo nicaragüense”
Juan González, Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca
Desde la mirada de la experta Cynthia Arnson, si Nicaragua es expulsada del Tratado de Libre Comercio y se le restringe el acceso al sistema financiero estadounidense, complicaría la capacidad de maniobra de Daniel Ortega, pero advierte sobre el efecto «muy negativo» de estas acciones, «más que nada sobre la población y no sobre el régimen en sí mismo».
Armamento ruso
Ante el interés del gobierno sandinista para adquirir armamento y entrenamiento militar ruso, González se pregunta «si el país más pobre de Latinoamérica necesita más tanques en este momento, la verdad es que ellos necesitan más democracia».
Según Ortega, el Gobierno de Estados Unidos exige el desarme de países en vías de desarrollo con el objetivo de «mantener su dominio» sobre otras naciones.
Aún así, el funcionario de la Casa Blanca puntualizó que «el interés nacional de Nicaragua es algo que los mismos nicaragüenses deben determinar, obviamente tienen ese derecho».
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