Ray Charles Cordero Álvarez tiene ocho meses escondiéndose. Defender una finca de su propiedad en Yaguapita, Caucagua (Mir), le ha costado ser denunciado por un secuestro que no cometió, así como por el asesinato de cuatro amigos, y estar separado de su familia.
“Todo empezó cuando en julio pasado un general de la Milicia me acusó de haber ocupado de forma ilegal un terreno. Ese día dejaron secuestrados en mi propia finca a mis cuatro hijos porque yo no estaba”, narró Cordero Álvarez.
«Cuando me presenté logré demostrar con papeles mi legalidad. Sin embargo, el acoso no terminó. Ese mismo año, en diciembre, el Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) y Poliacevedo, encabezados por el comisario César Istúriz, en compañía de varios uniformados penetraron mis tierras para llevarse a dos de los trabajadores y violar a dos de mis empleadas que eran adolescentes», completó el denunciante.
Las mujeres desesperadas son soltadas en plena vía pública y llaman a Cordero Álvarez desde un teléfono que decía número desconocido para que las ayude. “Me presenté en el sitio con mi abogado Erik Navas y nos llevaron detenidos. Sin embargo, no ingresamos a un calabozo, sino que nos llevaron a un terreno”, relató.
Explicó que al día siguiente, junto a su abogado y sus empleados, los hermanos Miguel Rafael (20) y Javier López Rivas (19) fueron presentados en Fiscalía acusados de haber secuestrado una dama. A los cuatro días fueron trasladados a la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros (Guá).
30 días después quedan libres gracias a la juez Francis Hernández.
Refirió que en junio pasado fue detenido el comisario César Istúriz junto a otros 7 funcionarios de Poliacevedo por apresar a tres jóvenes.
Finalmente, el finquero mirandino recordó que en abril de 2014 fueron hallados muertos, debajo de un viaducto de Caucagua, los cadáveres de sus empleados Miguel López Rivas (20), Javier Miguel López Rivas (19), junto a dos amigos de los infortunados, Alí Hidalgo Mendoza (22) y Edgard Arocha Mendoza (23). Los trabajadores debían atestiguar en esos días nuevamente en contra de los uniformados.
En la actualidad, la finca de Cordero es ocupada por un general, jefe de la Milicia en Barlovento. El caso lo llevan cuatro fiscalías del Ministerio Público: las fiscalías 21, 8, 24 y 69. También conoce del caso la Vicepresidencia y la Asamblea Nacional.
Ray Cordero tiene dos medidas de protección, pero aseguró que no se aplican y no ha podido volver a reunirse con su familia.
Doris Barrios
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