El esquema básico de la renegociación de la deuda pública externa que se plantea, para cuando «cese la usurpación», la administración interina de Juan Guaidó, ya está predefinido y destacan dos aspectos fundamentales: el primero es que el proceso será integral, sin excluir ninguna reclamación, y los términos financieros van a depender de la evaluación que haga el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las condiciones económicas del país.
«La renegociación de la deuda pública externa no será posible hasta que cese la usurpación de Nicolás Maduro y sean levantadas las sanciones internacionales impuestas al régimen. Así se desprende del memorando sobre los «Lineamientos para la renegociación de la deuda pública externa heredada del período Chávez/Maduro», emitido por la oficina del Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández», dice una nota de la Asamblea Nacional.
El documento fue preparado en conjunto con Ricardo Hausmann, Gobernador de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo y Alejandro Grisanti, director de la Junta ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Asimismo, se contó con la asistencia de Lee Buchheit, el asesor estratégico del Gobierno venezolano en materia de deuda pública.
De la información suministrada se desprende que la Asamblea Nacional deberá aprobar una Ley Especial de Refinanciamiento de pasivos, cuyo monto se estima en una cifra preliminar de 140.000 millones de dólares, de los cuales actualmente están en default poco más de 11.000 millones.
«Entre los lineamientos para esta renegociación destaca su carácter integral: la renegociación va a incluir a todas las reclamaciones denominadas en moneda extranjera en contra del sector público venezolano. Se explica que muchas de esas reclamaciones no se originaron dentro del marco tradicional de instrumentos de deuda que sirven de prueba de las obligaciones contraídas«.
«Así, las reclamaciones incluyen las que se relacionan con facturas impagas a suplidores y las reclamaciones por daños causados por las expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro. Por ello, en el documento se indica que: «…Las Autoridades desean aprovechar esta oportunidad para resolver el mayor número posible de reclamaciones privadas pendientes», continúa el boletín de la AN.
– Reconciliación de pasivos –
El segundo lineamiento tiene que ver con la reconciliación de las reclamaciones. En tal sentido, solo serán elegibles para participar las reclamaciones en moneda extranjera reconciliadas. Para tal fin, las autoridades designarán un agente para realizar ese proceso de reconciliación, de acuerdo con la legislación dictada por la Asamblea Nacional.
El documento señala que en muchos casos el proceso de reconciliación será directo y sencillo (bonos o préstamos que no fueron emitidos o contratados con montos significativos de descuento en su emisión o contratación). Asimismo, precisa que el monto reconciliado corresponderá al capital impago más los intereses acumulados de conformidad con los términos contractuales originales.
En otros casos la investigación será más detallada, como en las reclamaciones cuyos valores nominales fueron inflados en el momento de la emisión, los instrumentos de deuda emitidos con montos significativos de descuento sobre el descuento original en su emisión, las reclamaciones con montos que requerirán discusiones entre las autoridades y el reclamante, las reclamaciones afectadas por denuncias de corrupción por parte de los funcionarios de los regímenes de Chávez y Maduro y otras categorías de reclamaciones dudosas.
El tercer lineamiento enunciado por la Procuraduría Especial es el trato igualitario. En tal sentido, como regla, no se dará trato diferente a las reclamaciones en moneda extranjera en consideración a su origen, a su naturaleza o el domicilio del reclamante y/o la identidad del deudor del sector público (la República, PDVSA o cualquier otro ente del sector público), independientemente de que la reclamación ya haya sido objeto de una decisión judicial, o de otra mecanismo similar.
Finalmente, el cuarto lineamiento indica que una vez se produzca el cese de la usurpación, las autoridades solicitarán la asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otros organismos multilaterales con el objeto de atender la grave crisis humanitaria en Venezuela, así como para desarrollar un programa a largo plazo para la recuperación económica del país.
«Las Autoridades reconocen que el diseño de un programa de recuperación económica para un país en las condiciones en las que se encuentra Venezuela será un reto de gran magnitud y un trabajo intensivo que requerirá mucho tiempo. Se espera que el referido programa incluya una proyección sobre los requerimientos del nivel de deuda y el servicio asociado a esta deuda que el país pueda honrar en los años venideros».
En tal sentido, en la comunicación se explica que los términos financieros de la renegociación de las reclamaciones denominadas en moneda extranjera deberán esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país.
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