Nicolás Maduro justificó su denuncia aludiendo que los cargos por los cuales Estados Unidos pide la extradición de Julian Assange no han sido revelados y que existe una “clara intención de acabar con su vida”.

Nicolás Maduro aseveró que la detención de Julian Assange fue “ejecutada de forma torpe y vergonzosa por la Policía británica”.

El régimen en Venezuela de Nicolás Maduro dijo este jueves que el periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, corre peligro de muerte si es deportado a Estados Unidos, después de que fuera detenido en Londres.

” Julian Assange no debe ser entregado a Estados Unidos donde su vida corre peligro por un proceso judicial amañado, en el cual ni siquiera han sido revelados los cargos de los que se le acusa, y donde existe claramente la intención de acabar con su vida”, dijo Maduro en un comunicado difundido por el Gobierno venezolano.

El australiano fue apresado hoy luego de que la Administración del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le suspendiera la nacionalidad y el asilo que ese país le dio años atrás en su Embajada en Londres.

Ecuador basó su decisión en la presunta ” violación de las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana (1928) y Caracas (1954)”, por parte de Assange, informó el Ministerio de Exteriores.

También, ” por los incumplimientos del Protocolo Especial de Convivencia de la Embajada” que Ecuador le había entregado en agosto pasado, tras varios pronunciamientos políticos de temas internos de terceros países, entre ellos la crisis en Cataluña en 2017.

Pero Maduro, en nombre de Venezuela, calificó la decisión como “atroz”, al tiempo que aseveró que la detención del periodista fue “ejecutada de forma torpe y vergonzosa por la Policía británica”.

” Su ominosa entrega a la justicia británica y su eventual extradición a Estados Unidos, constituye una vergonzosa afrenta al Derecho Internacional, a sus derechos humanos y pone en inminente riesgo su vida”, insistió el mandatario venezolano en el comunicado.

A través de la plataforma WikiLeaks, Assange filtró en 2010 miles de documentos del Pentágono y del departamento de Estado de Estados Unidos relacionados con la guerra en Irak, así como cables diplomáticos que avergonzaron a la diplomacia estadounidense y a los líderes del mundo.

En 2010, Assange fue detenido en Reino Unido a petición de la Fiscalía sueca, que lo investigaba por un caso de presuntos abusos sexuales que finalmente se archivó.

Con todo, el activista se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres en 2012 ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, hasta que el Gobierno de Lenín Moreno le retiró hoy el estatus de asilado, así como la nacionalidad que se le había otorgado.

#COMUNICADO | El Gobierno y Pueblo de Venezuela rechazan la atroz decisión que privó del derecho de asilo diplomático al ciudadano austrailano-ecuatoriano Julian Assange, y su posterior detención en Londres, ejecutada de forma torpe y vergonzosa por la policía británica: pic.twitter.com/IB1N4akNf6

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 11 de abril de 2019

Fuente: EFE

El resto del país continuará con cielos despejados con pocas probabilidades precipitaciones por la estabilidad atmosférica

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé este viernes precipitaciones acompañadas de actividad tormentosa solo hacia los estados Amazonas, sur de Bolívar, sur de Apure y Territorio Esequibo.

De acuerdo con sus proyecciones meteorológicas, el resto del país continuará con cielos despejados con pocas probabilidades precipitaciones por la estabilidad atmosférica.

Asimismo indica que continuará el incremento de las temperaturas vespertinas y “prevalece calina generalizada por suspensión de polvo y humo”, acota el pronóstico del Inameh publicado en su página web.

Con respecto a la temperatura, el organismo estima una máxima para Caracas en horas de la tarde en 32 grados centígrados y en la madrugada la mínima fue de 18 grados centígrados.

La altura del oleaje en las costas del país se prevé hasta 1,8 metros en los litorales Occidental, Oriental, Occidental y Zona Insular, de acuerdo con estimaciones del Inameh.

AVN

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la designación efectuada por la Asamblea Nacional del ciudadano José Ignacio Hernández como “procurador especial”, así como los designados de forma ilegal como miembros de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sus filiales y empresas mixtas, por colidir abiertamente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por subsumirse en lo dispuesto en el artículo 138 de la Carta Magna vigente, al darse la usurpación de atribuciones del Presidente Constitucional de la República, en aplicación del llamado Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya declarado nulo e inexistente, incurriendo en una intervención de la empresa del Estado de rango constitucional, a la cual está reservada la industria, producción y comercialización de la actividad petrolera.

La decisión, con ponencia del segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala Constitucional, magistrado Juan José Mendoza Jover, señala que con este nombramiento se ratifica la intervención al Estado de Derecho y de todos los Poderes Públicos. Asimismo, se ratifica que las actuaciones ejecutadas por la Asamblea Nacional en desacato, de autoridades de la Junta Directiva de Pdvsa y de algunas empresas filiales son nulas de nulidad absoluta y quienes aparezcan allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funciones, entre otros.

Además, en la sentencia de la Sala Constitucional se ratifican las medidas cautelares decretadas en el fallo N° 39 del 14 de febrero de 2019.

La Sala Constitucional señaló que conforme al ordenamiento jurídico del país, las personas legitimadas para dirigir Pdvsa, representarla y suscribir compromisos frente a terceros, como empresa mercantil con rango constitucional son: Manuel Quevedo, presidente de Pdvsa; Miguel José Quintana, vicepresidente encargado de Exploración y Producción y director interno; Rodolfo Jiménez Jiménez, vicepresidente de Refinación y director interno; José Alejandro Rojas, vicepresidente de Comercio y Suministro y director interno; Fernando De Quintal, vicepresidente de Finanzas y director interno; Nemrod Contreras, vicepresidente de Gas y director interno; Marcos Rojas, vicepresidente de Asuntos Internacionales y director interno; Yurbis Gómez, directora externa; Ricardo León, director externo; Wils Rangel, director externo; Simón Zerpa, director externo; Ricardo Menéndez, director externo; y Tareck El Aissami, director externo.

Se decretan las siguientes medidas cautelares: prohibición de designación de cualquier persona para el ejercicio de funciones gerenciales, operativas, y/o administrativas, independientemente de donde se encuentre domiciliada, residenciada o en tránsito, así como prohibición de designación de cualquier persona para el ejercicio de representación legal, judicial, y extrajudicial de Pdvsa, sus filiales y empresas mixtas, salvo que las mismas emanen de la directiva legítima de Pdvsa.

Igualmente, prohibición de enajenar y gravar bienes en el territorio venezolano a todos aquellos ciudadanos que sean designados inconstitucional e ilegalmente para la representación legal, judicial y extrajudicial ad hoc de Pdvsa; prohibición de uso, ocupación y movilidad de todos aquellos bienes muebles e inmuebles (naves y aeronaves), propiedad de terceros y afectos a la industria de hidrocarburos, líquidos y gaseosos sin la autorización de la directiva de Pdvsa; bloqueo, inmovilización de cuentas bancarias, y de cualquier otro instrumento financiero de Pdvsa para todos aquellos ciudadanos que sean designados inconstitucional e ilegalmente; prohibición de ordenar pagos para extinguir obligaciones de Pdvsa a todos aquellos ciudadanos que sean designados inconstitucional e ilegalmente.

Del mismo modo, prohibición de actuar en cualquier instancia, organismo y foro internacional a toda persona venezolana o extranjera designados inconstitucional e ilegalmente; prohibición de negociar, suscribir y adoptar decisiones que incidan en el giro comercial y operacional, comprometiendo el patrimonio e intereses de Pdvsa, a toda persona venezolana o extranjera designados inconstitucional e ilegalmente.

Además, se exhorta a todas las autoridades públicas a nivel nacional a reforzar la seguridad en instalaciones y equipos de Pdvsa, filiales y empresas mixtas; se ordena notificar de estas medidas a las autoridades judiciales y arbitrales en las que estén en curso procedimientos que decidan o en los que pretendan decidir asuntos que afecten el patrimonio de Pdvsa, sus filiales y empresas mixtas y prohibición de protocolización de todas aquellas actas de las falsas juntas directivas ad hoc de Pdvsa, sus filiales y empresas mixtas.

La Sala Constitucional remitió copia de la presente decisión al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes a todas las personas que han aceptado designaciones declaradas nulas, y exhortó a la Sala de Casación Penal del TSJ para que inicie los trámites correspondientes para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos nombrados que se encuentren fuera del país, a los fines de su enjuiciamiento penal, con actuación del Ministerio Público.

Asimismo, insta al Poder Ejecutivo Nacional y a Pdvsa a tomar las medidas necesarias a nivel nacional e internacional para la protección de la actividad petrolera, y ordenó remitir copia certificada de la decisión a la Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Ejecutivo Nacional, al Presidente de Pdvsa, al ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, al Procurador General de la República, al Contralor General de la República, al Fiscal General de la República, a la Sala de Casación Penal del TSJ, al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Ordenó la Sala Constitucional la amplia difusión internacional de la presente sentencia y la puesta en conocimiento a través del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, de las distintas embajadas y representaciones diplomáticas acreditadas por la República Bolivariana de Venezuela.

NP