El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que de aprobarse un eventual préstamo de 500 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) al régimen de Nicolás Maduro, la organización crediticia estaría contradiciendo sus principios al financiar una dictadura que reprime a los venezolanos.

“Si la CAF le aprueba ese crédito al régimen, estaría ejecutando un acto ilegal, irresponsable y contrario a sus principios de transparencia y honestidad. Nosotros no lo reconoceremos, porque es un financiamiento ilícito que no está siendo aprobado por la legítima Asamblea Nacional; y que será destinado para el sostenimiento de una dictadura que mata de hambre a los venezolanos”, sostuvo Borges.

Borges reiteró que “por tratarse de un endeudamiento ilegal” no será reconocido una vez se produzca un cambio de gobierno. Asimismo, instó a los países socios de la CAF a ejercer toda la presión para que siga financiando una dictadura con sus recursos.

El coordinador nacional de Primero Justicia también desestimó la modalidad en la que se pretende otorgar el préstamo a través del Banco Central de Venezuela por considerarla una institución independiente del gobierno. “La CAF debe entender que en Venezuela no hay división de poderes, prestarle al BCV es prestarle al régimen. Es seguir financiando la represión, la corrupción y las mafias que sostienen a Maduro en el poder”.

Borges, quien recientemente le envió una carta al Banco de Inglaterra para evitar la repatriación de 14 toneladas de oro, señaló que el dinero que se le apruebe a Maduro en cualquier parte del mundo “no será utilizado para la alimentos y medicinas para el pueblo venezolano que vive una terrible crisis humanitaria, sino para el mantenimiento de un gobierno corrupto y violador de derechos humanos”.

NP

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, notificó este miércoles que a partir del viernes 7 de diciembre hasta el lunes 10, está prohibido el expendio y la distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

Reverol indicó que se mantiene la suspensión del porte de armas de fuego y armas blancas. Esto lo anunció desde el Paseo Los Próceres, en Caracas, durante la activación del Plan República.

Además, reiteró la prohibición de reuniones, manifestaciones públicas y la  movilización de maquinaria pesada.

GV

Este martes, María Corina Machado envió una nueva carta, esta vez dirigida a los líderes de Argentina e Israel, Mauricio Macri y Benjamin Netanyahu, en la que los exhorta a contribuir para el desenlace de la tragedia venezolana y a actuar de inmediato contra un régimen criminal ligado al terrorismo y el narcotráfico. “Hoy quiero pedir a Israel y Argentina que aporten su experticia y su influencia para avanzar hacia una toma de decisiones acertada y urgente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, reza la misiva.

Nota de Prensa

La dirigente agradeció las gestiones de Argentina para que prospere la denuncia del régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional y sostuvo que la situación venezolana es un conflicto de orden mundial. Recordó que miles de refugiados venezolanos escogen Argentina como destino, complicando las políticas migratorias de ese país.

De igual manera, Machado explicó que el régimen de Maduro mantiene colaboraciones muy estrechas con Irán y grupos extremistas, lo que supone una amenaza real para Israel, así como para el propio territorio argentino.

En adjunto, la carta, en inglés y español firmada y sellada, dirigida a Israel y Argentina:

ac14El diputado Juan Miguel Matheus (Unidad/Carabobo), miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), informó que esta instancia inició una investigación  contra los cuatro funcionarios involucrados en el “secuestro” del diputado Juan Requesens.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa acompañado de los demás integrantes de la Comisión, donde señaló que la “juez Carol Padilla y los fiscales de la supuesta causa, Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, así como a la secretaria  del tribunal, Yasmily Rojas, quien no es abogado y por lo tanto no cumple con la cualidad para ser secretaria del tribunal, son investigados y sobre ellos puede recaer responsabilidad penal”

Reiteró que el diputado Juan Requesens  es inocente y no debe estar tras las rejas. “Es un preso de la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo.

Agregó que hay  “intento del régimen de maquillar las condiciones de reclusión del diputado y no está confirmada la visita de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Michelle Bachelet, a Venezuela. Se nos  ha hecho saber que han procurado tomarle fotografías y videos a Requesens porque, como suele ocurrir cada vez que hay una audiencia de derechos humanos, ellos pretenden mostrar ante el mundo que aquí en Venezuela se respetan los derechos humanos”, afirmó.

Dijo que  la Comisión de Política Interior y la familia de Juan Requesens  consideran  que el problema no son las condiciones de reclusión  del diputado, “aunque el régimen lo ponga en un palacete él debe estar libre junto a su familia, junto al pueblo”, indicó.

Destacó que sobre el régimen de Maduro pesa un mandato expreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por cuanto el parlamentario ha sido beneficiario de una medida de protección cautelar por parte de esta instancia. Dicha medida incluye la integridad personal del  mencionado legislador, el derecho a la salud, la liberación inmediata y el ejercicio de la función parlamentaria, pero existe una mora radical del mandato de ese órgano y está  por cumplirse cuatro meses del secuestro de Requesens.

Precisó Matheus que el caso Requesens y de todos los presos políticos en Venezuela ya ha acumulado un espectro de responsabilidades civiles, administrativas y penales no sólo en Nicolás Maduro sino en muchísimos funcionarios. “El hacer caso omiso de esta declaratoria de la Comisión agrava  la responsabilidad penal de toda la cadena jerárquica involucrada en el secuestro del diputado y de acuerdo a la Constitución se configura violación grave de los derechos humanos que pueden ser perseguidos dentro y fuera de Venezuela y no pueden ser amparados bajo la amnistía y del indulto”, expresó.

Agregó que ya se fijó la audiencia preliminar de la supuesta causa del legislador que no es causa porque no es un juicio genuino y está fijada para el 18 de diciembre.

Subrayó que es probable que “ese día el tribunal  no dé despacho; que Nicolás Maduro en su condición de víctima no se presente a la audiencia, no delegue defensa en el  Ministerio Público y antes la Procuraduría General de la República y, por lo tanto, comience a configurarse un elemento dilatorio más que convierta a Requesens en un sentenciado a priori, cumpliendo condena injusta desde ahora, con lo cual la AN  y la Comisión estaremos velando para denunciar las irregularidades en torno a la fecha fijada para la audiencia”, afirmó Matheus.

Destacó el legislador que  Requesens es ejemplo de entereza moral y fortaleza. “El está resistiendo de pie, está bien física y psicológicamente, soñando con la libertad del pueblo  y con mejores condiciones de vida de los venezolanos. El envió dos mensajes; primero que su causa es la de todos los presos políticos,  es la libertad de todos los hijos que luchan por la prosperidad de Venezuela y que hoy tienen los grilletes en los tobillos por un régimen dictatorial, y segundo es que su causa es el de las penurias del pueblo venezolano”, acotó finalmente.

 Maritza Villarroel O

Foto: Julio Rojas

Prensa AN

La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda), afirmó que actualmente hay 402 presos políticos y que todos merecen estar en libertad y pasar las navidades en familia.

Informó que solicitaron a la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, que viniera a Venezuela y que esté atenta de lo que ocurre en el país. “Esta exigencia de que venga la alta comisionada de la ONU no es nueva ya que la petición se viene haciendo desde que Bachelet fue designada en dicho cargo”, dijo.

Recordó que con el alto comisionado anterior también mantuvo permanente contacto y se realizaron varias reuniones en su oficina en Ginebra (Suiza).

Refirió que  el diputado Juan Requesens lleva cuatro meses recluido en calabozos de El Sebin  violándose su inmunidad parlamentaria.

Explicó la legisladora que en la reciente reunión que tuvieron en el Parlamento europeo con la vicepresidenta de Derechos Humanos, le explicaron el caso Requesens y aseguró  en las próximas horas habrá pronunciamiento de europarlamentarios sobre este caso.

La diputada detalló que no tiene con quién conversar para saber si en este mes serán liberados algunos presos políticos. “Nosotros nos pronunciamos es a través de los medios de comunicación, son 402 presos políticos todos merecen estar en libertad y pasar las navidades en familia”, reiteró.

Agregó que recientemente han ocurrido cosas donde el “usurpador Nicolás Maduro   se reunió con representantes del gobierno de Corea del Norte;  luego vimos a Erdogan, el tirano de Turquía, que vino a Venezuela a hacer negocios con el régimen de Maduro y éste le entregó al estado Bolívar, les dio el oro, el coltán y los minerales.  “No sé si Erdogan sabe que se tiene que pelear esos minerales con el ELN”, precisó.

Asimismo añadió que el sindicalista Rubén González fue detenido para que no se conozca lo que está pasando en Ferrominera, estado Bolívar,  empresa que se la entregaron a Erdogan a cambio de dinero que va para los bolsillos de los corruptos del régimen.

Dijo que Maduro se fue para Rusia y “entre iguales se entenderán”. Lo cierto es que  no hay posibilidad de que haya préstamo para el país sin autorización de la Asamblea Nacional.

En este sentido, aclaró Solórzano que sí quieren que entren ingresos a Venezuela pero no para los bolsillos de los corruptos.

La diputada manifestó que no existe posibilidad de que Nicolás Maduro se juramente nuevamente como presidente de la República el 10 de enero próximo porque él no es presidente. “En caso de que lo haga es un acto de usurpación de funciones. Maduro fue destituido por la AN en enero del año  pasado luego de un procedimiento político que se inició con la gestión de Henry Ramos y concluyó con la gestión de Julio Borges, explicó.

Señaló que hay una larga lista de líderes sindicales que han acudido a la comisión por lo de la judicialización del ejercicio de sus derechos, “estamos remitiendo los casos a la Organización Internacional  del Trabajo para que los evalúe”, dijo.

 Maritza Villarroel O

Foto: Julio Rojas

Prensa AN

Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular en el exilio, envió una carta al senador republicano Marco Rubio y al demócrata Robert Menéndez, en la que les solicita apoyo para que se realicen las medidas legales necesarias que le permitan a Venezuela preservar el dinero sustraído por actos de corrupción, sobre los que el extesorero Alejandro Andrade se declaró culpable y sobre los futuros casos de corrupción que se ventilen en Estados Unidos.

Señala que, de acuerdo a la fiscalía norteamericana, la normativa actual no permite que Venezuela califique como víctima para recibir esos fondos, pues en los actos de corrupción están involucrados altos funcionarios del país. Vecchio, por su parte, desestima esta posición alegando que los venezolanos sí son víctimas de un Gobierno cuyo origen es ilegítimo y tiene secuestradas las instituciones del Estado.

En ese sentido, acude a ambos senadores -demócrata y republicano-  para que se preserven los recursos que son de todos los venezolanos, a través de un fideicomiso que pueda ser utilizado en el futuro una vez recuperemos nuestra democracia o que pueda servir para que  los gobiernos vecinos puedan atender desde ya la crisis venezolana, por el éxodo de más de 3 millones de venezolanos en el mundo, que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro.

Tanto el Senador Menéndez como Rubio impulsan una legislación que ha sido aprobada en el Comité de política Exterior del Senado que prevé recuperar los activos que han sido robados.

A continuación, la carta enviada por el dirigente de Voluntad Popular en el exilio Carlos Vecchio a los senadores estadounidenses:

5 de diciembre de 2018

Honorable Marco Rubio

Senado de los Estados Unidos

Washington, DC

Estimado Senador Rubio

A medida que los venezolanos soportamos la peor crisis humanitaria de nuestra historia, estamos trabajando incansablemente hacia la recuperación del pleno ejercicio de los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia para poner fin a su sufrimiento. Los retos que enfrenta en pueblo venezolano son tales, que hemos presenciado el peor éxodo del hemisferio occidental. Mas de tres millones de personas han salido del país buscando sobrevivir a las desesperadas condiciones de hambre, escasez y enfermedades en nuestra patria, todo debido a un desastre creado por la mano del hombre.

Tal como anticipábamos, emergen en los juicios seguidos aquí en Estados Unidos pruebas del enorme saqueo a las riquezas de Venezuela. Tuve la oportunidad de asistir a la audiencia pública en el Tribunal de West Palm Beach en la que compareció el ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, quien conspiró junto a otros tres cómplices claves en una red de lavado de dinero que generó aproximadamente 2.4 mil millones de dólares en ganancias ilícitas. Pudimos conocer en ese juicio que, bajo la ley estadounidense, especialmente según las leyes  Victims of CrimeRights Act ( CVRA) (Ley de Derechos de las victimas) y Mandatory Victims  Restitution Act (MVRA) (Ley de resarcimiento obligatorio a las víctimas), los tribunales pueden ordenar que los fondos sean devueltos cuando las víctimas pueden demostrar que sufrieron un daño directo. Sin embargo, los fiscales argumentaron que el Estado venezolano no podía considerarse como una víctima puesto que el delito involucraba a altos funcionarios venezolanos actuando en nombre del gobierno. Es un hecho notorio que las personas que actualmente están en el gobierno de Venezuela detentan el poder de forma ilegítima, tal como lo afirmó la Asamblea Nacional: “El orden institucional y democrático en Venezuela está roto”. Por lo tanto, el gobierno de Maduro no puede ser considerado democrático “sino más bien un régimen autoritario que ha intentado derogar de hecho la Constitución”. Por consiguiente, al no haber otra legítima autoridad en el poder, La Asamblea Nacional queda como el último reducto de legitimidad para los venezolanos

Como es de su conocimiento, los venezolanos han sufrido las consecuencias directas del saqueo masivo de los recursos nacionales y están experimentando las terribles consecuencias de esas acciones. Usted ha enfrentado esta situación con un compromiso sin igual hacia los valores universales de la libertad y la democracia a través de su propuesta de ley “Venezuela Humanitarian Re lief, Reconstruction, and Rule of Law Act of2018” (ley Venezuela, ayuda humanitaria, reconstrucción e imperio de la ley, 2018); usted ha afirmado que el régimen ha cometido graves actos de corrupción y criminalidad que han contribuido a la ausencia del estado de derecho en Venezuela, beneficiándose directamente de la corrupción a través de contratos de abastecimiento de alimentos. Igualmente, en tal proyecto de ley hay una sección (302) relativa específicamente a la “recuperación de activos robados al pueblo de Venezuela”.

Fiscales federales ya han tomado acciones para confiscar propiedades que puedan ser vendidas. Si los fiscales sostienen el argumento antes mencionado, el pueblo de Venezuela no podrá recuperar parte del dinero que les fue robado producto de la corrupción.  Respetuosamente le solicitamos se sirva considerar explorar todas las herramientas legales disponibles para que esas ganancias sean usadas inmediatamente para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano que ha tenido que abandonar el país. Creemos que con todos los bienes y el dinero recuperados o en proceso de serlo, las víctimas del régimen venezolano tendrán la oportunidad de enfrentar temas cruciales tales como atención médica urgente y servicios básicos, a través de la distribución de la ayuda a los venezolanos en los países vecinos, o indirectamente, a través de las comunidades en las cuales residen, haciendo especial énfasis en los más vulnerables. Como mínimo, estos fondos deberían ser depositados en un fideicomiso que pueda ser usado para la reconstrucción de Venezuela, durante un proceso de transición democrática. Se trata del dinero de todos los venezolanos, no debemos perder de vista esto.

Tenemos la esperanza de que usted podrá presentar esta propuesta al debate nacional, como una manera de contribuir sustancialmente a aliviar el sufrimiento de los venezolanos y lograr las metas delineadas en la propuesta de ley introducida en el senado.

Con gran estima y profunda gratitud,

Carlos Vecchio

Coordinador político nacional

Voluntad Popular.