La diputada Yajaira Castro denunció este domingo la “brutal represión” que se ha desatado contra los sectores populares a raíz de las protestas que han tenido lugar esta semana.
“Estamos en presencia de una suspensión de garantías solapada y de una violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen”, dijo. “Estas agresiones se están llevando a cabo especialmente en los sectores populares donde vecinos están pasando hambre y necesidad porque no consiguen alimentos, medicinas, no tienen luz, agua ni gas y la inseguridad los está matando y por eso han salido a protestar en contra del usurpador para que haya un cambio de gobierno”.
Castro aseveró que, en vista a dichas protestas, “la Guardia Nacional y el FAES han arremetido contra el pueblo llevando a cabo detenciones arbitrarias, allanando viviendas sin órdenes de allanamiento, realizando ejecuciones extra judiciales y sometiendo a detenidos a tratos crueles e inhumanos”.
“Estas denuncias han sido manifestadas por los propios familiares de los detenidos quienes dicen que sus familiares han sido golpeados y presentan signos de torturas. También que son llevados ante tribunales donde jueces sin importar la inocencia de los detenidos, los privan de libertad, sin respetar ni siquiera que entre los detenidos haya menores de edad como en el Estado Amazonas, donde se le dictó privativa de libertad a 5 menores, entre ellos a una niña indígena de 14 años, o en el estado Yaracuy, donde la juez privó de libertad a 11 niños aún cuando la fiscalía le solicito la libertad de los detenidos”.
La dirigente de Primero Justicia denunció que hasta el día de hoy las ONGs que han conformado grupos de abogados defensores de los derechos humanos han registrado al menos “600 personas injustamente privadas de libertad a nivel nacional y unas 30 asesinadas”.
“Le hacemos un llamado a los funcionarios tanto militares como policiales, que cesen estas graves violaciones de los derechos humanos y recordarles que estos delitos no prescriben y su responsabilidad es individual, acá no procede el incumplimiento de órdenes superiores ni serán amparados por la ley de amnistía”, concluyó.
