En cualquier país del mundo, subdesarrollado o en pleno desarrollo, la noticia de que una alcaldesa, unos diputados regionales o un fiscal del Ministerio Público fueron detenidos in fraganti cometiendo delitos de narcotráfico o contrabando de combustibles hubiera sido un escándalo de grandes proporciones. Pero aquí, en la Venezuela de lo irreal, es algo que no sorprende a nadie.
Los que se convirtieron en noticia esta semana son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, para más señas, el que ejerce actualmente el gobierno con Nicolás Maduro y compañía. Vergüenza les debería dar que esto tampoco provoca asombro en ningún venezolano. Es vox populi eso de que muchos inscritos en las filas rojas tienen nexos con la delincuencia.
Ya están en manos del Ministerio Público y se les seguirá un proceso expedito, como nunca antes se ha visto. A la mandataria local zuliana le encontraron seis panelas de droga en su camioneta; iba acompañada de estos ilustres diputados que supuestamente tienen que ver con el negocio. Al fiscal (en la nómina del jefe Tareck William Saab, que debe velar por las credenciales de los que ejercen esos cargos) se le señala de estar involucrado en el contrabando de gasolina, que es todo un negocio en los estados del sur de Venezuela.
Si se analiza fríamente, seis panelas de droga o unos cuantos bidones de gasolina son cantidades ínfimas con lo que se sabe que circula por el país con la protección de grandes contrabandistas. Es obvio que los detenidos no son los peces gordos de estas operaciones porque la gasolina sigue rodando para Colombia y las toneladas de droga siguen viajando por todo el territorio.
Pareciera más bien que el Ministerio Público está aplicando la misma táctica que con los señalados de violar derechos humanos; pone presos a unos cuantos de baja ralea y no investiga ni se asoma para saber cuál es la cadena de mando, no tiene intenciones de llegar a las cabezas de estos delitos. Lo mismo parecen estar haciendo los oficialistas con estos malandrines señalados de contrabando, nada de apuntar a los peces gordos.
Es hasta cierto punto lógico, pues en este caso de drogas, combustible y demás tráfico ilegal habría que buscar y encerrar a unos cuantos amigos de la guerrilla colombiana que tienen muy bien asentados sus negocios de este lado de la frontera con protección chavista.
En todo caso, es muy bueno que apliquen la justicia a quienes se desvían de las leyes sin importar su militancia. Sin embargo, hay que recordar quiénes los pusieron en esas posiciones y hay que investigar a quiénes responden sus fidelidades.
Editorial de El Nacional
