“Nuestra convicción de paz es tan grande que estamos dispuestos a desafiar todos los peligros que puedan acecharnos a partir de ahora. Por eso, temor no sentimos al entregar nuestras armas. Confiamos en la seguridad que nos debe prestar el Estado, a pesar de saber que es bastante deficiente”. Las palabras son de Milton de Jesús Toncel Redondo, mejor conocido como Joaquín Gómez, integrante del Secretariado de las Farc. Fue comandante del Bloque Sur y habla desde su tierra natal, La Guajira, donde ayer, formalmente, esa guerrilla se declaró en civilidad ante la única certeza de que, en este momento, no queda una sola arma en su poder.
Desde la zona veredal del corregimiento de Pondores, en el municipio de Fonseca, la Misión de Observación de la ONU constató que el último contenedor con el armamento que estuvo en poder de la guerrilla en estos más de 50 años de conflicto partió con rumbo desconocido. En realidad, es hacia una bodega ubicada en algún lugar del centro del país, donde comenzará el proceso de fundición del armamento para convertirlo en tres monumentos que, como se sabe, estarán ubicados en la misma sede de la ONU en Nueva York; en La Habana (Cuba) y en Colombia. Pero el momento y el sitio no son casuales. Como en todo, los ciclos que se cierran parecieran terminar donde arrancaron y Pondores es, desde ahora, el lugar que simbolizará la primera y la última marcha de las Farc.
José Díaz, un mexicano que ronda los 50 años, fue el encargado, como miembro de la Misión de la ONU, de decirle al presidente Juan Manuel Santos que el único armamento que quedaba en la zona veredal, sitio que ahora pasa a ser Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, era el que estaban sirviendo como munición para brindar seguridad a los campamentos donde permanecen las Farc. “Hoy es el último suspiro de ese conflicto. Comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación, donde todos tenemos que construir la paz. Hoy terminan el cese al fuego, la dejación de armas y la primera Misión de la ONU. Lo imposible se hizo posible”, dijo el jefe de Estado.
Pero lo que viene, inevitablemente, representará más retos que el propio proceso de negociación. Especialmente porque los miembros del Secretariado de las Farc aún se sienten amenazados por los grupos de bandas criminales, conocidos como reductos del paramilitarismo. No en vano, Iván Márquez, exjefe de la delegación de paz de la guerrilla en los diálogos de Cuba, aprovechando los micrófonos que le abrió el Canal Institucional, se encargó de recordarle al Gobierno los recientes asesinatos perpetrados contra los miembros de la organización y familiares, exigiendo mayores garantías en el proceso de reincorporación. Tarea que, desde septiembre, tendrá a cargo la segunda Misión de la ONU, que estará en Colombia por un año, como mínimo, verificando precisamente ese tránsito de los antes subversivos a la sociedad.
“Queremos que la implementación del Acuerdo no vaya a quedar inconclusa, como quedaron las zonas veredales. Creemos en la palabra del presidente”, señaló Márquez. Por eso, anunció que comenzarán, como grupo en tránsito hacia la vida política, a cimentar las bases del partido que crearán y cuyo nombre por fin se hizo oficial: Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, lo cual les permite mantener la sigla de Farc. “No queremos romper los vínculos con nuestro pasado. Hemos sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria. Queremos ser la voz de los excluidos, de los sin voz, de los que viven en la miseria, la voz de la gente honesta y buena de Colombia”, fue el argumento de Márquez, que en un discurso con tinte político afirmó que buscarán fortalecer una convergencia política que les garantice hacerse al Poder Ejecutivo en 2018.
Pero, en ese tránsito, ¿cómo funcionará la seguridad? El presidente Santos explicó que existirán dos grupos de la Fuerza Pública que tendrán la tarea exclusiva de proteger a las comunidades en donde permanezcan las Farc. Por el lado de las Fuerzas Militares, 240 uniformados conformarán el grupo denominado Carpa Azul, que consiste en un puesto de mando ubicado en cada zona de reincorporación de los excombatientes y que trabajarán de manera mancomunada con integrantes de la Policía Nacional. Dicha institución, por su parte, creó la estrategia denominada Irene, con 170 efectivos de la Policía, que se convertirá en la punta de lanza del sistema integrado de seguridad rural, compuesto por las unidades básicas de carabineros. Y está el Plan Victoria, con cerca de 85 mil miembros de la Fuerza Pública desplegados en aquellos territorios que están siendo dejados por las Farc.
Al entregar el balance, el jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, reveló que hasta la fecha se han contabilizado 8.112 armas, casi un millón 300 mil cartuchos incinerados, 293.803 municiones de diferente calibre de armas ligeras, 22 toneladas de explosivos diversos, 25.216 metros de cordón detonante y mecha lenta, 3.957 granadas de mano y de 40 mm, 1.846 minas antipersonales, 27.282 iniciadores o estopines y 1.130 municiones de mortero, entre los que se identifican de 81 mm, 60 mm y cohetes. Asimismo, a la fecha han sido extraídas exitosamente 510 caletas. “Quiero reportar que hoy se concluye la destrucción de todo el material inestable que se ha encontrado en los 26 campamentos, incluyendo minas antipersonales, granadas, explosivos, entre otros”, añadió.
El proceso de desarme de las Farc se realizó por medio de 16 operaciones aeroterrestres, 10 operaciones terrestres, más de 50 horas de vuelo de los tres helicópteros de las Naciones Unidas y la colaboración de las Farc y la Fuerza Pública. Las armas están siendo trasladadas a una bodega en el centro del país, en el departamento de Cundinamarca, donde se procederá a su incineración para convertirlas en materia primera de los tres monumentos a la paz que se construirán. “Nos queda el desafío de terminar con la extracción de las caletas que faltan. Quedan 15 días para terminar y acercarnos a las 800. Están en lugares de difícil acceso, con problemas de seguridad, pero estamos comprometidos a hacerlo”, concluyó el general argentino Javier Pérez Aquino, jefe de los observadores de la ONU.
El Espectador
María L. Espinoza
