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X es investigada en España por publicidad fraudulenta de criptomonedas

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X es investigada en España por publicidad fraudulenta de criptomonedas

El regulador bursátil español (CNMV) anunció el miércoles que abrió una investigación a la red social X, antigua Twitter, acusada de no haber respetado presuntamente el reglamento referente a la publicidad de productos financieros como las criptomonedas.

 

 

 

 

 

«En los últimos días hemos detectado anuncios publicitarios en la red social X promocionados por un chiringuito financiero», en referencia a entidades no autorizadas, afirmó el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, en un discurso frente a agentes económicos españoles.

 

 

 

 

 

Estas publicidades utilizan «ilícitamente la imagen de algunos actores españoles y suplantan el diseño y la identidad de un medio de comunicación nacional para tratar de obtener datos y dinero de inversores», precisó.

 

 

 

 

 

 

Una portavoz de la CNMV indicó que las publicidades investigadas realizaban promoción de criptomonedas.

 

 

 

 

 

El hecho de haber difundido estos anuncios incumple una normativa adoptada en marzo, que obliga a las páginas de Internet, a los medios y las redes sociales a tomar medidas para regular mejor la publicidad de los productos financieros, recordó Buenaventura.

 

 

 

 

 

Las páginas y las plataformas de Internet -según esta normativa- tienen «la obligación legal de comprobar que los anunciantes no figuran en la lista de entidades pirata», y que «cuentan con la correspondiente autorización para prestar servicios financieros», detalló.

 

 

 

 

 

 

«Les aseguro que vamos a ejercitar escrupulosamente todas nuestras capacidades, poderes de supervisión y de sanción», avisó, recordando que «la proliferación de esos intentos de fraude daña la confianza de los inversores y la reputación» del sistema financiero español.

 

 

 

 

 

Según el artículo referente a la publicidad de las criptomonedas adoptado en marzo, X se podría enfrentar a una multa de al menos 5 millones de euros por los hechos que se le reprochan.

 

 

 

 

 

ComputerHoy

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