La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se refirió a los últimos hechos de violencia registrados en el país y acotó que no se puede exigir paz y legalidad si el Estado no cumple con las leyes.
«No podemos exigir comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no van acorde con la ley», precisó la fiscal en una entrevista a The Wall Street Journal en su despacho de Caracas.
Dijo además que «es tiempo de dialogar y negociar». Significa que uno tiene que alcanzar decisiones por el bien del país».
En la conversación, la Fiscal General refirió irregularidades en el debido proceso, especialmente en aquellos casos donde los tribunales toman decisiones en contra del Ministerio Público, como la negativa de libertades a pesar de solicitudes de los fiscales en el caso de apresados por protestar.
“Este es uno de los asuntos que el Estado debe observar con preocupación», dijo Ortega Díaz en referencia al uso de tribunales militares.
s.
Entrevista en WSJ:
WSJ: Fiscal General, Luisa Ortega critica el régimen al que sirve
La máxima fiscal de Venezuela, ya presionada por criticar al gobierno autoritario que preside, condenó el miércoles la violencia estatal contra manifestantes, denunció la inflación estratosférica que asoló su país y elogió la Constitución que el presidente Nicolás Maduro quiere eliminar.
Los comentarios de la fiscal general Luisa Ortega a The Wall Street Journal, en una rara entrevista, parecían confirmar su ruptura con el régimen izquierdista de línea dura, que espera una lealtad incuestionable mientras lucha con una oleada creciente de disturbios públicos.
Maduro ha intensificado la represión del gobierno contra las protestas y los disturbios civiles que han costado al menos 31 vidas en las últimas semanas. El miércoles, videos impactantes se volvieron virales en las redes sociales mostrando a la Guardia Nacional usando vehículos blindados de control de disturbios para atropellar manifestantes en Caracas. El incidente fue confirmado por el alcalde del distrito de Chacao de Caracas.
Con la nación rica en petróleo arraigada en una penosa crisis económica y una lucha de poder entre el gobierno y la oposición, las críticas cuidadosamente formuladas por la Sra. Ortega de la caída de Maduro en el autoritarismo la convirtieron en un rostro poco probable de disentir después de haber servido una década como pilar del gobierno socialista.
“Es hora de llegar a un acuerdo con nosotros mismos”, dijo la abogada de 59 años en su oficina en la capital. “Es hora de mantener conversaciones y negociar. Significa que uno tiene que ceder en las decisiones por el bien del país “.
Un funcionario venezolano de alto rango, especialmente uno como Ortega, ha desatado la cólera de grupos de derechos humanos por usar lo que ellos consideraban cortes canguro para encerrar a enemigos políticos y por supuestamente ayudar al gobierno a enterrar cargos de corrupción rampante.
El gobierno parece estar tratando de desviarla a un lado frente a sus muestras de independencia. Sus discursos ya no reciben cobertura en vivo de la televisión estatal, ha perdido sus guardaespaldas y el gobierno de Maduro ha aumentado el uso de tribunales militares para eludir la fiscalía.
Ortega ha denunciado el uso de grupos civiles armados que hacen la licitación del gobierno. Ella ha instado a que se respete el derecho de protesta y se garantice el debido proceso, quejándose de cientos de detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional y la policía de inteligencia. Sus comentarios socavan el argumento del gobierno de que la violencia callejera que envuelve a la nación proviene exclusivamente de agitadores de derecha.
“No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”, dijo Ortega.
Nacida en una familia rural de ocho personas, Ortega dijo que estaba cautivada por el mensaje de inclusión social propagado por el carismático predecesor del Sr. Maduro, Hugo Chávez, mientras trabajaba como abogada penal provincial en los años noventa. Se unió al gobierno de Chávez como asesor jurídico cuando ganó la presidencia y volvió a redactar la Constitución en 1999 y desde entonces se ha casado con un legislador del partido gobernante.
Una copia azul de bolsillo de la constitución adorna su escritorio desnudo, y su oficina del gobierno carece de imágenes del señor Maduro. “Esta Constitución es inmejorable”, dijo Ortega. “Esta es la constitución de Chávez”.
Esa misma constitución es lo que el Sr. Maduro ahora dice que necesita rehacer. Grupos de derechos han criticado esa iniciativa como el último esfuerzo del líder impopular para evitar las elecciones que las encuestas muestran que su partido perdería fácilmente.
El empuje para reformar la constitución también ha sido criticado desde Estados Unidos, donde los senadores presentaron el miércoles un proyecto de ley instando al presidente Donald Trump a tomar medidas más duras para enfrentar el colapso de Venezuela, incluyendo sanciones a funcionarios venezolanos responsables de abusos y corrupción.
Muchos de los críticos de la Sra. Ortega dicen que ella está buscando limpiar su imagen en caso de un cambio de gobierno en Caracas. “No confío en ella. No puede cambiar su máscara con tanta facilidad”, dijo la manifestante de la calle Marta Corrales, en un reciente mitin.
Otros dicen que sus intenciones son más sinceras y vienen en respuesta a su pérdida de poderes cuando el señor Maduro intenta consolidar el control en todo el gobierno. En una nación polarizada, “lo que el fiscal está haciendo es genuino”, dijo Nizar El Fakih, abogado que ha defendido a una gran cantidad de destacados presos políticos venezolanos. En una nación polarizada, agregó, “ella está tratando de abrir una tercera vía, buscando una forma de separarse de Maduro”.
Proiuris, un grupo de vigilancia legal dirigido por el Sr. El Fakih, dice que ha documentado 13 casos en los últimos seis meses de civiles juzgados en tribunales militares, cortando a los fiscales del ministerio que dirige la Sra. Ortega. El grupo también ha registrado 50 casos en los que los jueces han denegado la fianza a los acusados incluso después de que los fiscales recomendaron su liberación.
“Este es uno de los temas que el estado tiene que ver con mucha preocupación”, dijo el fiscal general en la entrevista, cuando se le preguntó sobre el creciente uso de tribunales militares por parte del gobierno de Maduro.
La Sra. Ortega dejó de manifestar su descontento en un anuncio sorpresivo el 31 de marzo. En un discurso anual, la Sra. Ortega se detuvo para denunciar una ruptura del orden constitucional después de que el Sr. Maduro intentara transferir poderes de la legislatura controlada por la oposición a su Aliados en la Corte Suprema.
La televisión estatal cortó rápidamente la transmisión de su discurso, que dibujó una ovación de pie de los asistentes.
Otras veces, su crítica ha sido más sutil, e incluso críptica. En un reciente post en Twitter, recomendó a sus 411.000 seguidores a leer un ensayo del filósofo italiano del siglo 20, Norberto Bobbio. Titulado “Democracia y Secreto”, se discute cómo el autoritarismo y los poderes oligárquicos a menudo se enmascaran detrás de los principios democráticos.
“No es fácil descifrar qué juego juega, qué calcula”, dijo el profesor de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Antonio Canova. “Pero lo que está claro es que ahora se ha convertido en un problema para el gobierno”.
Escriba a Anatoly Kurmanaev en Anatoly.kurmanaev@wsj.com y Kejal Vyas en kejal.vyas@wsj.com
Fuente: WSJ
Por Anatoly Kurmanaev and Kejal Vyas
Foto: Miguel Gutierrez