Nicolás Maduro y José Gregorio Vielma Mora fueron acusados penalmente ante el Ministerio Público por crímenes de lesa humanidad, debido al estado de excepción y al consiguiente cierre de frontera que privan en el Táchira.
El señalamiento contra el presidente de la República y el gobernador de la entidad andina, incoada este miércoles ante la Fiscalía por el diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, involucra también al alto mando militar.
“La denuncia es por abuso de poder, violación de tratados internacionales, crímenes de lesa humanidad y asociación para delinquir con motivo del cierre de la frontera y declaratoria del estado de excepción, en virtud que el primer mandatario carece de facultades para cerrar fronteras. Solo desde el punto de vista constitucional puede restringir garantías y reglamentar el ejercicio de los artículos constitucionales que hayan sido restringidos”, explicó el parlamentario opositor.
“Maduro dio una orden verbal de cerrar las fronteras, posteriormente, el 21 de agosto firmó un decreto de estado de excepción que fue publicado el día 24, y en el ese lapso procedieron a hacer desalojos, deportaciones y traslados forzosos”, enumeró, indicando que todo ello se encuentra tipificado como delito de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma.
El legislador informó, asimismo, que se destruyeron 237 viviendas, violando el debido proceso que establece la ley especial promulgada por el presidente Hugo Chávez sobre el desalojo forzoso de inmuebles. “Igualmente, se violó el debido proceso administrativo que contempla la Ley de Migración y Extranjería y se violó también el debido proceso constitucional”.
Instancias internacionales
Para el legislador, el hecho de que el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia hayan avalado las resoluciones no le confieren cariz regular, “porque, incluso en estado de excepción, no se puede suspender ni el debido proceso ni el estado de legalidad”.
“Sabemos que los poderes están secuestrados y, precisamente, por eso vamos a ir a la Corte Penal Internacional con un equipo de abogados en el Táchira y con otro equipo en Caracas, que coordina Rafael Veloz, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados”, anunció el antiguo embajador, enfatizando que cuentan con suficiente documentación como alegato ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes.
Se conoció que la medida introducida involucra a los generales Wladimir Padrino López, titular de la Defensa; al comandante de la Zodi-Táchira, José Morantes Torres; al jefe de la Redi, Efraín Velásquez Lugo; y también a los ministros responsables de haber suscrito el estado de excepción.
“Nos reservamos el derecho a seguir ampliando estas denuncias porque es responsable desde el presidente de la República, que dio la orden de desalojo masivo y de cierre de la frontera, hasta el último soldado que la cumplió, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución”, dijo.
El legislador aseveró que la Carta Magna establece dos requisitos para decretar estado de excepción: primero, que se trate de hechos que conmuevan o comprometan la seguridad de la nación y eso no ocurrió en el Táchira. “Son delitos comunes lo que ellos invocan, como el contrabando, el paramilitarismo. Por otra parte, se requiere que sean hechos para los cuales resulten insuficientes las facultades presidenciales disponibles”, alegando que el jefe de Estado cuenta con la Ley Habilitante.
Mientras, la crisis empeora…
Subrayó que la grave situación económica en el Táchira ha derivado en una crisis humanitaria. “En San Antonio de Ureña, especialmente, hay 7640 empresas, tanto comercios como industrias, que están a punto de quebrar”, recordando que los procesos de integración colombo-venezolanos tienen muchos años. “Fueron el gran sueño de El Libertador Simón Bolívar”, acotó.
Márquez insistió en que ya cesaron las causas bajo las cuales el Ejecutivo de Miraflores decidió adoptar el estado de excepción. “El propio Vielma Mora declaró que habían disminuido en 99 % los delitos fronterizos en Táchira; si invocan el problema de las casas de cambio, estas fueron cerradas; y el dólar alternativo, cuando se emitió el decreto de cierre de las fronteras, estaba en 675, ubicándose ahora en 830”.
“Esta es una estrategia eminentemente electoral con un ventajismo para el Gobierno y en detrimento de los sectores democráticos. El Ejecutivo fracasó rotundamente en su política económica y está recurriendo a las fronteras como un argumento para escurrir su responsabilidad frente a la crisis del país”, destacó el declarante.
Sobre la presencia del paramilitarismo y de grupos guerrilleros en la frontera – las FARC, los ‘helenos’ o disidentes de esos grupos -, precisó que “es público y notorio que, incluso, Timochenko, el máximo comandante de la guerrilla, fue trasladado en un avión de Pdvsa a La Habana, lo cual significa que el Gobierno está en ‘conchupancia’ con las FARC”.
“El Gobierno tiene una ‘para-sicosis’: es decir, todo lo que ocurre en el país es paramilitarismo”, ironizó.
“Hay complicidad con los irregulares; el Gobierno está vinculado al narcotráfico y a la guerrilla. El caso de Walid Makled, que señaló que habían 40 generales en su nómina; el propio gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, ha sido el enlace con la guerrilla colombiana y eso no lo investigan”, prosiguió, citando casos relevantes.
“Este es un gobierno ‘narcocomplaciente’ que está eludiendo los verdaderos problemas que ocurren en la frontera y recurre al estado de excepción en la frontera cuando el estado de excepción es la excepción del Estado”, concluyó.
Nota de prensa.
