El presidente de la República, el gobernador del estado Táchira y el Defensor del Pueblo, conjuntamente con el alto mando militar, y no el Estado o el Gobierno venezolanos, como hasta ahora adelantan diversas instancias, serán acusados ante la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en la presunta comisión de la violación de los Derechos Humanos de las personas que fueron deportadas hacia Colombia, tras el cierre de la frontera en municipios colindantes de la referida entidad andina.
El anuncio lo hizo en rueda de prensa, sostenida en San Cristóbal, el diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, quien dijo que un grupo de abogados prepara las denuncias que introducirán ante el organismo de La Haya, luego de la adopción del conocido Estado de Excepción que rige desde hace casi dos semanas.
“La Corte Penal investiga a funcionarios de alto rango que tienen responsabilidad directa. Ante la CPI no hay privilegios. Así que vamos a denunciar a Nicolás Maduro, a José Gregorio Vielma Mora, a la cúpula castrense y al propio Tarek William Saab. Este último por encubrimiento, pues incumple su obligación de defender los derechos humanos, comportándose como un militante del Psuv”, manifestó el declarante.
“Colombia elevará las pruebas a que hubiere lugar por su lado, y al final se tendrán que acumular, porque es un delito que se origina en Venezuela y se continua en la nación neogranadina. Procesalmente, debemos articular las pruebas de ambos países”, agregó el también historiador.
Márquez, quien ha ejercido en cinco períodos como parlamentario, refutó el pronunciamiento de Saab, quien calificó como una “barbaridad” el recurso que se pretende ejercer. “Estamos en presencia de dos tipos de figuras tipificadas por el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. La CPI conoce cuatro grupos de delitos: genocidio, crímenes de guerra, agresión y, el caso que estamos ventilando, delitos de lesa humanidad. Dentro de los delitos de lesa humanidad se encuentran las deportaciones forzosas y también las persecuciones contra una población. Aquí se verifican ambas”, enfatizó, despejando, de paso, que el fuero del CPI no tenga la pertinente jurisdicción.
Quien le pega a su familia se arruina
El también exembajador de Venezuela en la India y profesor jubilado de la Universidad de los Andes rechazó los avales presentados por el Ejecutivo de Miraflores para establecer el decreto 1950. “Los argumentos del Gobierno Nacional de que el lugar conocido como ‘La Invasión’, en San Antonio del Táchira, era una base de grupos paramilitares es absolutamente falso. Allí ha operado y opera una base de comunas socialistas y unas Unidades de Batalla de Chávez. En ese sentido, la razón del oficialismo para hacer un desalojo forzoso y masivo de colombianos vinculados a venezolanos en la zona de frontera, carece de toda fundamentación”, indicó, manifestando que, por el contrario, se convierte en una prueba que tipifica los delitos de lesa humanidad aludidos.
Presentando ante los profesionales de la prensa diversas fotografías que certifican sus señalamientos, Márquez refutó la postura del mandatario regional de acusarlo, junto al exgobernador César Pérez Vivas, y al también diputado Abelardo Díaz, de haber propiciado ocupaciones ilegales de tierras en el sector.
“Vielma Mora tiene un profundo desconocimiento del Táchira. Él ni si quiera es tachirense. Nosotros tenemos, más bien, notas de prensa emanadas de la Radio Nacional de Venezuela y del despacho del gobernador en las cuales se demuestra que él sabía de la existencia de esas zonas integradas por los consejos comunales Ezequiel Zamora – nucleada en una base de misiones juvenil -, Ernesto ‘Ché’ Guevara y ‘Mi Pequeña Barinas’, con registros de información fiscal debidamente inscritos ante el ministerio de Comunas. Ahora afirma que son paramilitares, pero él estuvo reunido con los encargados e hizo inspección de obras en el lugar, lo cual demuestra su profundo cinismo”, dijo.
Inclusive, el alto vocero opositor destacó que en los perímetros en cuestión se habían desarrollado, entre otros, trabajos de instalaciones eléctricas y sistemas de aguas servidas, financiadas por el Consejo Federal de Gobierno y por el Fondo Interterritorial.
“Son más de 1200 casas consolidadas instaladas hace años; logramos documentar más de veinte misiones socialistas que operan en el sitio”, agregó el historiador.
“En uno de los módulos aparece el logotipo ‘Maduro es Pueblo’, denotando la presencia del oficialismo; en otro ‘Misión Barrio Adentro’. Vielma Mora no lo puede negar, salvo que tenga amnesia. En algunas casas había hasta propaganda electoral, lo cual significa que cuando fueron a buscar los votos no eran partidarios de demoler esas viviendas”.
Continuando con su exposición, el demandante acotó que también hubo constancia de banderas y estandartes de la Misión Ribas en algunos de los inmuebles hoy derruidos. “Si alguien permite que coloquen en su casa una bandera de esas es porque está ideológicamente vinculado al Gobierno. Es más, hasta encontramos un proyecto de lencería denominado ‘El Porvenir’, dirigido por gente muy humilde y financiado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, completando que algunos de los residentes, por ejemplo, en ‘Mi Pequeña Barinas’ estaban tan organizados que hasta tenían uniforme: un chaleco con la imagen del fallecido presidente Hugo Chávez Frías en la parte delantera.
La excepción ha sido una decepción
Insistió en los desmanes que se han cometido con el Estado de excepción en rigor. “Ha permitido muchos abusos: destrucciones masivas de viviendas sin cumplir con el debido proceso, retenciones ilegales de turistas que estaban en el país a quienes no les permitieron salir, deportaciones forzosas, persecuciones arbitrarias. Además de todo el trabajo de destrucción de viviendas, anteriormente habían destruido puentes en las cuencas altas del río Táchira por lo cual se configura un ataque sistemático contra la población”, apuntó, mencionando que ni las edificaciones de carácter religioso, principalmente – templos de la fe cristiana protestante -, se habían salvado de la ‘razzia’.
Sobre el caso de venezolanos que no han podido reingresar a nuestro territorio acusados de bachaqueo, el legislador expresó que se trata de un claro abuso de poder. “El propio Estado de Excepción, el propio decreto, señala que se restringe el paso y que, simplemente, se tiene que notificar o el cambio de residencia o la salida o el ingreso al país. Todo funcionario que está abusando del poder tiene responsabilidad civil, penal y administrativa, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, y no puede alegar órdenes superiores. Esos venezolanos están extrañados, desterrados, lo cual es prohibido por la Carta Magna”, subrayó.
Finalmente, lamentó la conducta del embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, indicando que resultaba inaudito que un hombre con formación socialcristiana y humanista justificara estos atropellos. “Es reprochable su conducta. Yo tenía un profundo afecto y respeto intelectual, profesional y académico por Chaderton, pero me he dado cuenta de que él, por defender un cargo, por defender un plato de lentejas, ha traicionado los ideales que le enseño Arístides Calvani”, sentenció.
El diputado a la Asamblea Nacional Walter Márquez finalizó su comparecencia ante los representantes de los medios de comunicación, formulando una interrogante: “¿Cómo es posible que mientras el presidente Juan Manuel Santos se acerca a Cúcuta, Nicolás Maduro se aleja, viajando a Vietnam y a China? Eso es un acto irresponsable”.
“¿O será que tiene temor Maduro de que si viene al Táchira lo deporten porque no está clara su nacionalidad?”, se preguntó en un dilema al cual no pocos son ajenos
Nota de prensa.
