El regreso a España de la empresa de Sam Altman, esta vez con tecnología renovada y sin el incentivo de criptomonedas a cambio de datos biométricos, ha reactivado las alarmas sobre la privacidad. El despliegue de estas cámaras capaces de escanear el iris reabre un complejo debate sobre la legalidad y la protección de información sensible, mientras expertos advierten sobre la necesidad de actuar con extrema cautela ante el potencial impacto de estas herramientas de identificación en los derechos ciudadanos.
¿Qué son y cómo funcionan?
Estas cámaras emplean reconocimiento biométrico del iris, un sistema que analiza patrones únicos del ojo humano para identificar a una persona. A diferencia de la huella dactilar o el reconocimiento facial, el iris ofrece un margen de precisión muy elevado.
Se utilizan en:
*Control de accesos en empresas.
*Entornos de alta seguridad.
*Plataformas tecnológicas vinculadas a identidad digital.
Sin embargo, su uso implica el tratamiento de datos biométricos especialmente sensibles.
¿Es legal en España?
La normativa aplicable es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la Ley Orgánica de Protección de Datos española. El RGPD considera los datos biométricos como categoría especial de datos, lo que implica restricciones muy estrictas.
Para que el uso sea legal deben cumplirse requisitos como:
*Consentimiento explícito e informado del usuario.
*Finalidad clara y proporcional.
*Medidas de seguridad reforzadas.
*Evaluación de impacto en protección de datos.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha advertido en ocasiones que el uso indiscriminado de sistemas biométricos puede vulnerar derechos fundamentales si no se justifica adecuadamente.
El debate de fondo: seguridad vs privacidad
Los defensores de estas tecnologías argumentan que mejoran la seguridad y reducen fraudes. Sus críticos alertan de riesgos como:
*Creación de bases de datos masivas de identificación.
*Posible uso indebido o filtración de información sensible.
*Normalización de la vigilancia tecnológica.
En un contexto donde la digitalización avanza con rapidez, el equilibrio entre innovación y derechos individuales se vuelve cada vez más delicado.
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