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Voluntad Popular: Sin pruebas, fiscal del régimen solicita de 15 a 20 años de prisión para Laura Gallo y otros cinco detenidos en Yaracuy

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Voluntad Popular: Sin pruebas, fiscal del régimen solicita de 15 a 20 años de prisión para Laura Gallo y otros cinco detenidos en Yaracuy

A la activista de Voluntad Popular la acusan injustamente de “manejo de explosivos, asociación para delinquir, uso de adolescentes para la comisión de hechos punibles y financiamiento al terrorismo”

 

 

Cerca de la media noche de este domingo 27 de enero se efectúo, en el Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy,  la audiencia de presentación de la activista de Voluntad Popular Laura Gallo y otros cinco detenidos, quienes fueron injustamente privados de libertad el pasado 23 de enero.

 

 

 

El coordinador de la tolda naranja en la entidad e hijo de Laura Gallo, Gabriel Gallo, efectuó la defensa de su madre y de las otras cinco personas inmersas en la misma causa e informó que sin prueba fehaciente alguna, la fiscal del régimen, Normely Pérez, solicitó de 15 a 20 años de prisión para cada uno de los implicados.

 

 

“Luego de las dos de mañana concluyó la audiencia, contando en el lugar con la presencia de miembros del gobierno italiano, el juez Eloy Granados del Tribunal Tercero de Control, quien acordó dictar una medida cautelar sustitutiva de libertad bajo fianza para todos los detenidos en el caso, pero la fiscal pidió ejecutar un efecto de suspensión a la medida, pasando la decisión a la corte apelaciones, quien ahora tiene la responsabilidad de ratificar o no la libertad”, explicó Gallo.

 

 

El también coordinador del Foro Penal en Yaracuy, resaltó que se intenta involucrar a su madre y a quienes la acompañan en el manejo de explosivos, asociación para delinquir, uso de adolescentes para la comisión de hechos punibles y financiamiento al terrorismo.

 

 

“Un acta mal redacta sin cadena de custodia, toda una mentira montada por el gobernador de la dictadura, Julio León, y amparada por quienes administran las leyes en nuestro país. Les exigimos que, si no se sienten en la capacidad de cumplir con sus funciones para impartir justicia, simplemente renuncien a sus cargos, pero no sigan condenando a gente inocente por instrucciones políticas”.

 

 

Comunicaciones Voluntad Popular

 

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