“El dolor de la familia no puede ser canjeable ni negociable”, dijo a la prensa Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, un sindicalista preso desde el año 2022, que atesora, sin embargo, la esperanza de liberaciones tras las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición.

Bracho fue arrestado, junto a otros cinco sindicalistas, en julio de ese año, cuando Venezuela vivía manifestaciones en exigencia de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales del sector público. A todos se les condenó a 16 años por «conspiración» y «asociación para delinquir».

Los manifestantes agitaban pancartas con los nombres de detenidos y los días que llevan tras las rejas. Otras con mensajes: “Cierren los centros de tortura” y “la libertad no tiene un número”.

“Le exijo a Maduro que cumpla con la palabra que en Barbados empeñó al decir que iba a una negociación”, siguió Oropeza.

Se refiere al proceso de negociación que se reactivó a mediados de octubre en Barbados entre el gobierno y la oposición y que condujo, entre otros asuntos, “a dos eventos de liberaciones de presos” políticos, militares y cinco civiles.

Guanipa explicó que “el objetivo principal [de los acuerdos] no es solamente tener unas elecciones libres (…) es que todos los que hoy están presos pueden estar libres. Es que nunca más se persiga a nadie por pensar distinto”.

E insiste que “la lucha es para que no exista una puerta giratoria para que unos salgan y entren otros”.

“Nos dicen que hay una lista, que la lista sí va, que no va (…) Nos torturan diariamente, no solamente porque creemos que nuestros familiares pueden morir en la cárcel, sino porque nos levantamos con la esperanza de que se va a cumplir la palabra y eso nos agota, sobre todo nos agota emocionalmente ahora”, lamentó Oropeza.

Foro Penal, asociación civil dedicada a la protección legal de los presos políticos y los derechos humanos en Venezuela, contabiliza a 270 personas encarceladas por razones políticas.

Información de VOA