La Corte Penal Internacional (CPI) tomará nota del informe de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que señaló responsabilidad de autoridades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, opinan los expertos.
El reporte, sin embargo, no será “una verdad absoluta” para el Fiscal Karim Khan, advierten.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, declaró la presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el país suramericano, Marta Valiñas.
Es la primera vez que Maduro y otras autoridades civiles y militares son expresamente señalados por un organismo multilateral como artífices de crímenes de lesa humanidad.
Mariano De Alba, asesor de la organización independiente para resolución de conflictos Crisis Group y experto en asuntos diplomáticos, opina que “es altamente probable” que las conclusiones de la ONU sean tomadas en cuenta por la Fiscalía de la CPI para su investigación sobre presuntos crímenes en Venezuela.
El abogado recuerda que el fiscal jefe Karim Khan investiga la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país suramericano desde finales de 2021 y que, de confirmarlos, debe cumplir su mandato de juzgar a los más altos responsables. Esa es una indagación que acaba de ser contestada por la ONU, señalando a Maduro, Cabello y otros.
De Alba aclara que el fiscal Khan no asumirá el informe de la ONU como “una verdad absoluta” por una razón elemental: el Gobierno de Maduro impidió la entrada al país de la Misión y su reporte contiene fundamentalmente la perspectiva de las víctimas.
“La Fiscalía de la Corte es la mejor equipada para tratar de investigar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, especialmente si se concreta su presencia en territorio venezolano”, dijo De Alba.
Khan anunció en abril pasado la apertura de una oficina en Caracas para favorecer la cooperación con las autoridades y su asistencia técnica.
En manos de un tribunal
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI debe determinar en los próximos meses si estas indagaciones locales en el país suramericano se están concretando.
El experto considera que esa instancia decidirá antes de que finalice este año reanudar la investigación de Khan tras considerar que las autoridades venezolanas no están investigando ni adelantando procesos judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad.
De Alba remarca que la misión de la ONU opera con el estándar de prueba de “motivos razonables para creer” la comisión de delitos de lesa humanidad, mientras que la CPI hace lo propio con el lema de confirmarlos “más allá de toda duda razonable”.
Valora como insólito, eso sí, que se señale directamente a responsables del Gobierno de Maduro, entre ellos al mismo presidente y a Cabello. Señala, sin embargo, que el informe “no determina responsabilidades individuales; eso solo puede hacerlo un tribunal”.
“Lo que hace, con base a una metodología internacionalmente reconocida, es resaltar que hay elementos fundados que llevan a creer que se cometerían crímenes y quiénes estuvieron involucrados”, destaca el especialista en conversación con la Voz de América.
Sin “milagros”
Félix Gerardo Arellano, analista especializado en relaciones internacionales, da por sentado que el Fiscal de la CPI revisará el informe de la ONU y advierte que sus hallazgos serán tomados en cuenta por centros de inversión económica en el mundo.
“Están atentos a las condiciones de estabilidad de esos países adónde va la inversión y este tipo de informes ilustra cuál es esa inestabilidad de los países”, comenta a la VOA.
Valora como positivo que el sistema de las Naciones Unidas demuestra que no se queda “cruzado de brazos” ante situaciones como la vivida en Venezuela desde años recientes.
“Viene demostrando su rigurosidad, disciplina, su atención permanente, sistemática y exhaustiva del caso venezolano. No ha parado. Seguramente, habrá quien quiere que haga milagros, algo que la normativa no le permite. Lo que le permite al Alto Comisionado y al Consejo, se viene aplicando. No se le puede pedir milagros” a la ONU, advierte.
La Misión de la ONU dice haber documentado un total de 173 casos de víctimas de tortura, violencia sexual u otros tratos crueles por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en “un clima de casi total impunidad”, refrendó el documento de la Misión de determinación de hechos.
De Alba, por su lado, insiste en que el tercer informe de la Misión de la ONU “no prueba hechos, sino simplemente apunta indicios sobre hechos muy graves” en Venezuela.
Agotamiento mundial.
Arellano, doctor en ciencias políticas, opina que la comunidad internacional “se ha agotado un poco” en cuanto al caso venezolano debido a que la atención mundial actual se enfoca esencialmente en la pandemia de covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania.
“Venezuela no ocupa el primer lugar, ha ido desplazándose la atención. Eso no significa que no estén atentos”, dice, si bien recuerda la celebración de reuniones multilaterales sobre la crisis política en el país suramericano, como la promovida hace días por Europa.
“Si sumamos la división de la oposición democrática, pues el tema se diluye aún más. Eso se ha debilitado sensiblemente. Queremos que la comunidad internacional haga lo que internamente estamos dejando de hacer por esta guerra de protagonismos”, subraya.
El especialista considera que el informe de la Misión de Determinación de Hechos no tenga efectos “significativos” en las posturas de gobiernos de América Latina ante Venezuela.
Varios líderes antichavistas calificaron el reporte de “demoledor” y exhortaron a la CPI a que “acelere el enjuiciamiento” de los responsables, como planteó el partido La Causa R.
El líder opositor Juan Guaidó aseguró que Maduro debería ser tachado de “dictador” y miembro de una corporación “criminal”.
Otros políticos disidentes tanto del chavismo como de la oposición, como el exdiputado Enrique Ochoa Antich, criticaron que el informe de la ONU presuntamente no incluyera “prueba alguna” que respalde las acusaciones contra Maduro o Cabello.
Con información de VOA.
