El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es meridianamente claro en sus tres numerales:
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Es decir, que la actuación de la autoridad electoral venezolana, el Consejo Nacional Electoral, al impedirle votar a más de 4 millones de ciudadanos que forman parte de una diáspora de aproximadamente 8,5 millones de venezolanos, es una violación flagrante de sus derechos humanos. Por supuesto que la actuación del CNE forma parte del entramado de acciones del gobierno de Nicolás Maduro para apartar a la oposición de la ruta electoral, y así debe ser entendida. No hay ninguna sorpresa, pero eso no disminuye la gravedad de esta actuación, y la pone en la misma categoría de otros actos de violación de derechos humanos que han sido documentados ante la Corte Penal Internacional.
Para los venezolanos en la diáspora se ha transformado en una verdadera pesadilla el intentar actualizar su información en el Registro Electoral en el proceso que concluye este martes 16 de abril. Las excusas en las sedes consulares, donde presuntamente debe realizarse esta actualización, van desde horarios de apertura clandestinos, hasta exigencias absurdas de documentación que cambian de país a país. A ello se le une el caso de naciones donde no existen consulados, como el muy conspicuo ejemplo de Estados Unidos, lo cual convierte todo el proceso en una burla y una afrenta a la ciudadanía en su conjunto, no solamente a individuos específicos.
La respuesta a la pregunta de por qué el CNE procede de este modo, es muy simple. El régimen sabe que ha perdido el apoyo del pueblo de manera irrevocable, y sabe también que es precisamente en la diáspora, cuya misma existencia se debe en buena medida al deterioro indetenible de las condiciones de vida en Venezuela, causado por el desastre de la actuación del régimen, donde el rechazo a Maduro tiene su máxima expresión. Ya se da como un acto consumado que los venezolanos en la diáspora no podrán votar en las elecciones presidenciales programadas para julio de este año, y esto es un hecho cuya gravedad no puede ser ignorada. La naturaleza de este atentado contra el ejercicio de la voluntad popular debería ser especialmente elevada a la consideración de los gobiernos de los países otrora aliados importantes de Maduro, para que se entienda que lo que permitió que Lula en Brasil, Petro en Colombia y López Obrador en México fueran electos como gobernantes, es decir elecciones libres, es precisamente lo que se le pretende negar a los venezolanos.
Queda resaltar la decisión de la diáspora, expresada por diversas organizaciones, de no permitir que su voz sea silenciada a pesar de que se le impida votar. De hecho, esa voz activa de protesta puede transformarse en un elemento clave de resistencia civil constitucional a la segregación que se pretende imponer a los venezolanos en el exterior. Esa resistencia civil debería converger con la protesta por la inhabilitación inconstitucional de María Corina Machado en un solo acto que rete la intención del régimen de desconocer la voluntad de cambio que crece indetenible en todos los espacios del mundo donde habitan venezolanos.
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Editorial de El Nacional
