Luis Alejandro Borrero / El Carabobeño.- Wilmar Manrique es gobernada por la incertidumbre. La madre soltera no sabe a quién acudir. Era comerciante de uvas, nísperos y limón en el mercado mayorista del municipio Libertador, en Tocuyito. Para ella fue indignante ver cómo las personas supuestamente encargadas del orden supuestamente contribuyeron con el robo y el caos. “Vimos a bastantes guardias salir con bolsas de frutas y verduras. Eso era de nosotros”.
La noche del pasado jueves se ejecutó la intervención del mercado. Fue luego que lo ordenara el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. “Estamos aquí desde las 10:00 p.m. del jueves. No nos dejaron entrar a revisar nuestra mercancía”. El Gobierno tomó las instalaciones para luchar contra lo que denominaron Guerra Económica y luego de denuncias de especulación.
Cuando al fin pudieron pasar al mercado los vendedores se encontraron con el desastre. Las cajas estaban rotas. Las verduras en el suelo, pisoteadas y maltrechas luego de la irrupción. Manrique perdió dos carruchas valoradas en 55 mil bolívares cada una. En mercancía denunció que le habrían llevado casi 200 mil bolívares. El dinero que algunos tenían guardado en efectivo en cajas metálicas presuntamente desapareció. Su historia se repite entre los demás.
Pese a las denuncias de los comerciantes no hay ningún militar preso o investigado. Lo informado por autoridades es que siete personas civiles estarían apresadas por la presunta comisión de delitos. El Gobierno les acusa de ser ‘bachaqueros’ y especuladores, según el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el oficialismo, Saúl Ortega.
No hay solución para lo que se define desde el Gobierno como a Guerra Económica, opinan los vendedores. Es cierto que el mayorista de Tocuyito estaba plagado de corrupción. Allí imperaba la reventa de productos y la especulación. Pero Manrique no cree en la solución ejecutada. Al contrario prevé que se agudice la escasez. “Antes por lo menos conseguíamos comida. Ahora nada”. El Gobierno se apropió de 216 toneladas de productos.
La parte donde había bachaqueros era la última, cuenta Manrique. No en los pasillos del medio, donde se ubicaban los vendedores de verduras, frutas y hortalizas. “¿Qué podíamos estar bachaqueando nosotros si vendemos frutas?”. Desmintió que, como dicen los voceros del oficialismo, se escondieran productos con precio regulados y básicos debajo de montones de hortalizas.
No todos los comerciantes eran de Valencia o Libertador. Algunos incluso de otros estados. Ellos han tenido que en muchos casos pasar seis noches durmiendo en carpas improvisadas con bolsas para tapar el sol y la lluvia y sobre paletas industriales de maderas como camas. Fueron desplazados hacia la periferia del mercado. “Muchos no están comiendo bien y no han podido bañarse”. Si se van, pudieran ser víctimas de más robos, por lo que deben quedarse día y noche.
En las afueras se trata de recobrar la normalidad. Por las mañanas los vendedores de hortalizas montan tarantines improvisados para vender a bajo precio lo que pudieron salvar. El mercado sigue clausurado y custodiado por las Fuerzas Armadas. Tanquetas antimotín de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) están en las entradas y permanecen prendidas. Pero al menos el miércoles no había signo que siguiera la fiscalización de la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos (Sundde) en los comercios de la parte de afuera.
AN solicitaría investigación
El diputado de la (AN) por Carabobo, Leandro Domínguez, acudió el miércoles a conversar con los vendedores afectados. Calificó su situación como una violación de Derechos Humanos. Prometió que el Parlamento iniciará un camino legal empezando por una solicitud de investigación del Ministerio Público. “Al pueblo de Tocuyito se le ha dado un golpe en el estómago. Las comunidades están pasando hambre y los niños se desmayan. No era esta la forma de intervenir el mercado mayorista”.
Hay responsabilidades ineludibles, consideró el parlamentario. Dijo que de no obtener respuesta rápida ante la situación humanitaria de los comerciantes, la AN solicitará interpelar a los ejecutores de la medida de intervención del establecimiento. Mencionó que el gobernador Francisco Ameliach, el diputado Diosdado Cabello y los efectivos militares a cargo de la Zona de Defensa Integral de Carabobo podrían ser interpelados en la AN.
