El riesgo del terrorismo en los países centrales y el delito interno en la región motivan programas cada vez más avanzados. Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil, interceptan comunicaciones de sus ciudadanos. Recorte de libertades vs. defensa nacional
El caso Snowden ha abierto el debate sobre los programas de vigilancia estatales y la inteligencia en una escala planetaria.
Así, el problema de la privacidad de los ciudadanos ante planes de espionaje cada vez más agresivos, sumado a la entrega voluntaria de información personal a través de las redes sociales o tarjetas de crédito, por ejemplo, colaboran en el aumento de lo que podría denominarse “una preocupación internacional” en relación a este tema.
En este contexto, el debate se dirime entre dos polos: el de la seguridad nacional y el del recorte de las libertades individuales. Mientras que la amenaza del terrorismo en los países del primer mundo abona la necesidad de sistemas de seguridad más avanzados, en los países de la región los programas de vigilancia son usualmente justificados a partir del riesgo del “delito interno”.
Consultada sobre este tema por Infobae América, la directora de Electronic Frontier Foundation, Katitza Rodríguez, explicó que a pesar de que las nuevas tecnologías de vigilancia se utilizan cada vez más de manera masiva e indiscriminada a escala nacional y global, el derecho internacional sostiene que la privacidad debe ser la regla.
La especialista, que es oriunda de Perú pero que en la actualidad desarrolla sus tareas al frente de la fundación en San Francisco, Estados Unidos, explica la importancia de la transparencia: “La transparencia gubernamental en temas de vigilancia es de vital importancia para la rendición de cuentas y para la democracia. Los ciudadanos tienen el derecho a conocer cómo se están utilizando las tecnologías de vigilancia y qué tipo de información se ha recolectado, por cuánto tiempo y si luego esa información es eliminada”.
ARGENTINA
El gobierno de Cristina Kirchner anunció a finales del año 2011 el lanzamiento de llamado Sistema de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios). Esto le valió que en una entrevista reciente el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, acusara al país de poseer “el régimen de vigilancia más agresivo de Latinoamérica”.
Sibios permitió ampliar la identificación de la ciudadanía argentina desde las huellas digitales a los rasgos faciales, el iris, la dentadura, y también a características vinculadas con el comportamiento como la firma, el modo de caminar o la manera de teclear. Así es explicado en un artículo publicado por la revista argentina Crisis. Ahora, la policía podrá operar con un registro general de identificación de personas a nivel nacional.
En ese país tomó estado público un caso de espionaje ilegal en el 2012 conocido como Proyecto X. La estructura estaba a cargo de la Gendarmería Nacional y tenía el objetivo de recabar información a través de una unidad especial con agentes infiltrados en organizaciones opositoras y protestas sociales. Por este caso fueron indagados altos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.
ECUADOR
El presidente Rafael Correa fue acusado por la compra de un sistema de “Interceptor GSM”, entre otros equipos orientados al espionaje doméstico. De acuerdo con un artículo de la Revista Semana, el gobierno habría invertido 5.5 millones de dólares en la compra de equipos de interceptación y escucha de llamadas y comunicaciones por teléfono celular.
Así, mientras el gobierno da asilo político a Julián Assange, quién vive hace más de un año en la embajada del país en Londres, es culpable del mismo delito que denunció el refugiado político: el espionaje de un gobierno a sus ciudadanos, concluye Semana. La denuncia nunca fue esclarecida.
BRASIL
En el país gobernado por Dilma Rousseff, también se han sancionado leyes que apuntan a reforzar los sistemas para que el Estado acceda a la información personal de los ciudadanos.
Una nueva ley sancionada en el año 2012 contra el lavado de dinero (Nº 12.683) permite a la policía y a los fiscales acceder fácilmente a los datos de las personas a través del registro de usuario de Internet Service Provider (ISP) sin previa orden judicial.
COLOMBIA
Ell programa “Plataforma Única de Monitoreo y Análisis” (Puma), tiene como objetivo la ampliación de las capacidades de la plataforma anterior llamada ‘Esperanza’ (de interceptaciones telefónicas) ya que le permitirá al estado intervenir en las comunicaciones que se desarrollen a través de Internet –emails, chats, facebooks, Skype o Twitter-.
El programa se pondrá en marcha a partir del 2014 y estará a cargo de la Policía Nacional colombiana. Costará 100.000 millones de pesos ya aprobados por el presupuesto nacional del país.
Las diferencias políticas e ideológicas de los gobiernos latinoamericanos delinean estrategias y objetivos distintos para la vigilancia de sus ciudadanos. Sin embargo, todos coinciden en que se trata de sistemas inevitables.
En distintos países los gobiernos han justificando estas políticas de cara a la ciudadanía explicando que aquellos ciudadanos que no hayan cometido ningún delito, no tendrán nada que temer. Katitza Rodríguez invierte la expresión y lanza: “Si yo no estoy haciendo nada malo, entonces no tienes por qué vigilarme”.
Fuente: Infobae
