Ciudadanos de distintas parroquias del Caracas acudieron al Ministerio Publico para exigirle a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz el cese de la impunidad en el país que alcanza un 92% en lo que respecta a homicidios, asimismo como el 26% de delitos donde están involucrados funcionarios policiales. Además solicitaron que el poder popular sea incorporado al dialogo nacional contra la inseguridad, para que sea tomada en cuenta la visión de la víctimas de la violencia en el país.
Carlos Julio Rojas, coordinador en Frente del Defensa del Norte de Caracas, explicó que el 92 % de los asesinatos cometidos en Venezuela quedan sin culpable, causando que miles de familias queden enlutadas y sumergidas en el miedo. “El principal motivo de la inseguridad en el país son los altos índices de impunidad, donde los antisociales se encuentran con libertad de cometer delitos sin recibir todo el peso de la ley. Como víctimas de la violencia no nos queda ni el consuelo de saber quiénes cometieron los crímenes”, dijo.
Rojas recordó que el 26% de delitos que se comenten a nivel nacional están involucrados funcionarios policiales, cifras que fueron reveladas por el exministro de Interior y Justicia Tareck El Aissami demostrando el nivel de descomposición que tienen los cuerpos de seguridad del estado. “allí es deber del Poder Ciudadano y en especial del Ministerio Publico aplicar una labor contralora para garantizar la ética policial y la seguridad hacia los venezolanos”.
El luchador social exhortó que el poder popular sea incorporado a las mesas de diálogo para el combate de la violencia, ya que la opinión de los ciudadanos es fundamental para trazar políticas de seguridad efectivas. “Nos queremos reuniones dentro de cuatro paredes con aire acondicionado, los debates deben ser en la calle para escuchar el sentir del pueblo y allí el Poder Moral, Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben trabajar de la mano teniendo al ciudadano como protagonista”, afirmó.
Reveló que a 101 se elevó la cifra de cadáveres que fueron ingresados a la medicatura forense de Bello Monte durante los primeros ocho días de 2014, se supo de manera extraoficial que 90 % de los traslados corresponden a muertes violentas. “Allí se incluyen homicidios tan dantescos como el del profesor Guido Méndez y su madre, el tiroteo entre la PNB y colectivos en Cotiza que dejo saldo de dos muertos o la mujer que fue abaleada y quemada hace pocos días en el barrios Pinto Salinas”.
Sentenció que el combate de la impunidad debe ser el objetivo y no la politiquería, en el cual usan la justica como mecanismo de coerción a las personas que piensan diferente a las que hoy ostentan el Poder Ejecutivo. “Le pedimos al Ministerio Publico avocarse a la investigación de las decenas de casos de inseguridad presentes en el Norte de Caracas y en todo Libertador, ya que esa es su misión como institución”, finalizó.
Nota de Prensa
