COMUNICADO
El pueblo de Venezuela tiene décadas ratificando que el camino electoral es el único camino que acepta para resolver los conflictos del poder. Es decir, no ha aceptado ni aceptará golpes, guerrillas, alzamientos, huelgas ni ningún otro mecanismo que suponga la alteración de su voluntad soberana.
Esa determinación está ampliamente recogida en la Constitución nacional, sancionada y consagrada por esa misma voluntad popular. La Constitución establece que el gobierno es y será siempre democrático, electivo y alternativo. Esto es, que son las elecciones el único camino para resolver los eternos y muy humanos conflictos del poder.
Acudir a atajos, trucos y artimañas para hacerse del poder, facilitar el control de instituciones o despejar el camino de adversarios es un atentado contra esos principios constitucionales y esa inquebrantable vocación del pueblo venezolano. Esto vale para todos los sectores políticos por igual.
Siempre hemos respaldado la vía electoral y democrática, no hay otra. Por eso alertamos en esta oportunidad sobre una práctica reiterada de «investigaciones administrativas» que curiosamente recaen en adversarios políticos del gobierno nacional.
Manuel Rosales, candidato opositor en 2006, se tuvo que refugiar en Perú por la investigación administrativa iniciada justo después que el presidente anterior anunciara que lo pondría preso. Al último candidato, Henrique Capriles, lo han tildado de asesino por haber llamado a protestar pacífica y constitucionalmente a protestar tal y como se puede ver en TODOS los videos de abril; donde indicó inclusive que las arrecheras había que descargarlas en las cacerolas.
La oposición tiene, derivado de su abstención del 16 de diciembre, tan solo tres gobernadores, curiosamente los tres están siendo investigados o objeto de acusaciones.
En el parlamento la mayoría calificada para tomar trascendentes decisiones es de 110 votos, ninguno de los bloques los tiene. Ahora están a punto de perder su condición de diputados Richard Mardo y Juan Carlos Caldera, opositores sujetos a investigaciones administrativas.
La constitución establece no por casualidad que el gobierno tiene que ser democrático y electivo. En otras palabras, no basta con ser electo también se debe ejercer democráticamente. Eso supone la aceptación del adversario, el respeto a sus derechos, incluyendo la garantía del derecho al ejercicio de la política. También supone la existencia de una justicia autónoma que trascienda la maniobra política que flaco servicio le hace a la institucionalidad democrática.
Reitero el llamado a que sea la vía electoral la que determine los espacios de poder. El país hoy está políticamente dividido en dos mitades. Eso no se refleja en la estructura del Estado todavía, pero desconocer esa realidad es desconocer la voluntad del pueblo.
