El pasado viernes la publicación en Gaceta Oficial de la providencia número 11 del Cencoex, que recorta todos los montos de dólares autorizados para viajes al exterior según destino y duración, así como la restricción en el uso del cupo para compras por Internet, hizo que muchos venezolanos, principalmente de clase media, entraran en pánico, y con mucha razón. Para entender el porqué de tal reacción, es preciso hacer un poco de historia patria.
Durante los últimos años el enorme diferencial cambiario entre las tasas oficiales y el dólar paralelo dio origen a distorsiones que dejaron en pañales la infame experiencia de Recadi en los años 80. Los ciudadanos de a pie -que tampoco son gafos-, no tardaron en detectar las grietas del sistema que permitieron a cientos de “enchufados” amasar grandes fortunas a costillas del Estado y de esta forma nació el “raspacupismo”.
Aunque el Gobierno se ha esforzado por achacarle a éste fenómeno la culpa de la fuga de divisas, lo cierto es que solo representan una ínfima parte de los miles de millones que la “boliburguesía” se ha llevado a través de empresas de maletín, importaciones con sobreprecio, sobornos y comisiones en la adquisición de materias primas y equipos para distintos sectores de la actividad económica nacional.
Las cuentas mil millonarias asociadas a Venezuela que ahora emergen en el escándalo de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, no se llenaron a punta de raspar cupos; prueba de ello es que los nombres que han venido saltando del caso como cotufas en una sartén caliente, van seguidos de extensos rabos de paja de un llamativo color “rojo rojito”.
Si bien es cierto que en el país existe un pequeño grupo de “raspacupos” profesionales que se lucraba de esta práctica, también lo es que una gran cantidad de venezolanos agobiados por la escasez, la inflación y los bajos salarios recurrían a ella como una riesgosa e ilegal tabla de salvación para suplementar el deficitario presupuesto familiar, acceder a bienes y servicios inexistentes en el país, y en general sobrevivir a los embates del socialismo del siglo XXI. Es esta la verdadera razón por la cual la noticia del pasado viernes cayó como baldazo de agua fría.
Ahora vayamos a las razones que arrinconaron al Gobierno a tomar la impopular medida. Desde septiembre de 2014 los precios del petróleo venezolano iniciaron una espiral descendiente que llevó el barril de crudo a su punto más bajo (de 40 dólares en promedio) durante enero de este año. Según los economistas, esto representa un déficit de 25 mil millones de dólares en el presupuesto de la nación que calculó a 60 dólares por barril.
El hueco en los bolsillos del Estado se hace más grande, si tomamos en cuenta que el “excedente petrolero” (todo lo que se facturaba por encima de $ 60) iba a dar a un fondo que el Gobierno manejaba discrecionalmente para subsidiar los recursos adicionales para misiones sociales, aumentos de salario por decreto, importación de alimentos y hasta las manos peludas.
Como las facturas petroleras se cancelan con vencimiento a 90 días después de que el producto es despachado, hoy nos encontramos precisamente en la fecha que corresponde a los pírricos ingresos del barril a 40 dólares. Es por esto que el Gobierno intenta dar un golpe de efecto al restringir las divisas para viajeros, que estas apenas representan uno por ciento del déficit fiscal.
Lo más triste es que la ley no entra por casa. Mientras los venezolanos (viajeros o no), se limitan hasta niveles de mendicidad para conseguir alimentos, medicinas, repuestos, ropa y mercancías, el Presidente de la República y sus faraónicas comitivas siguen viajando a todo trapo a expensas de los sacrificios del soberano.
Por Luis Pérez Portillo / Maracaibo / lperez@laverdad.com
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