Guillermo García Ponce, Pedro Duno y José Rafael Núñez Tenorio, todos disidentes del Partido Comunista de Venezuela en razón de su desacuerdo por la adhesión de esa tolda a la política de pacificación de los presidentes Raúl Leoni y Rafael Caldera, se entusiasmaron con la llegada de Hugo Chávez al poder e instaron al golpista a acabar con el sistema jurídico que distribuye el poder del Estado en tres órganos: el Legislativo, representante de la voluntad general del pueblo que expresa a través de las leyes; el Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a dicha voluntad, y el Judicial, que castiga los delitos y dirime las diferencias entre particulares.
En teoría —sólo en teoría—, el comandante hizo caso omiso del clamor ultraizquierdista y agregó al esquema de Montesquieu dos nuevos poderes: el Ciudadano y el Electoral (artículo 136 de la bicha azul). Sin embargo, en la práctica, el socialismo del siglo XXI redujo los poderes públicos a uno solo: el omnipotente Ejecutivo. Ello explica las aberraciones perpetradas por jueces venales y prevaricadores, sujetos a los caprichos de los mandones de turno, Padrino & Maduro, tal como se evidencia en las causas contra Roland Carreño y otros presos políticos.
Como afirma la exmagistrada Blanca Rosa Mármol, la injustificada prisión de Roland Carreño es un caso de “sentencia anticipada”. El periodista y militante de Voluntad Popular está preso y sometido a un juicio sin fin desde el 26 de octubre de 2020: hoy cumple dos años y nueve meses tras las rejas, acusado falsamente de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política (¿?), tráfico de armas de guerra y asociación para delinquir. Hasta la fecha han sido cuatro juicios —tres interrumpidos—. El penúltimo, oral y público, iniciado el 9 de mayo de 2022, fue suspendido a punto de culminar porque el juez fue dado de alta-médica. En febrero de 2023 comenzó un nuevo juicio, pero la semana pasada, a poco de terminar el proceso con la etapa de conclusiones, el Tribunal Supremo de Justicia decidió eliminarle las competencias sobre terrorismo al tribunal que llevaba la causa. Esa medida implica que el expediente debe ser remitido a otro juez y que se anule todo lo actuado hasta ahora, es decir, hay que volver al punto de partida, un empezar de cero que perjudica a todos los que están presos injustamente y que viola el debido proceso, entre otros derechos.
Esa paródica comedia judicial, que afecta también al profesor Javier Tarazona, director de Fundaredes, ha devenido en pesadilla para los reclusos y sus familiares. El último acto de tal vía crucis está por comenzar. Es difícil vaticinar cómo evolucionará porque se trata de presos por motivos políticos. Y a estos puede ocurrirles cualquier percance, pues los esbirros a cargo de su custodia no escatiman en prácticas violentas: desde la tortura hasta el asesinato disfrazado de suicidio. Y, como lo han denunciado abogados y defensores de las prerrogativas ciudadanas, tales transgresiones se cometen con el consentimiento y complicidad de los más altos funcionarios del régimen.
Editorial de El Nacional
