Trinidad y Tobago ha sostenido conversaciones sustantivas con Venezuela sobre el desarrollo del prometedor campo de gas en alta mar Dragón luego de la autorización de Estados Unidos para iniciar este proyecto estancado durante mucho tiempo, dijo este jueves a Reuters el ministro de Energía de la nación insular, Stuart Young.
El alto funcionario está planeando una tercera visita este mes a Caracas para hablar con el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, y Pedro Rafael Tellechea, presidente de la petrolera estatal Pdvsa, afirmó.
En enero, Estados Unidos dio luz verde al proyecto luego de largas apelaciones de Trinidad y algunos vecinos del Caribe. La autorización de dos años a Trinidad se encuentra entre varias de la Administración del presidente Joe Biden que han aliviado algunas sanciones a Venezuela.
Dragón contiene hasta 4,2 billones de pies cúbicos de gas natural. Trinidad necesita el combustible para impulsar sus industrias de gas natural licuado (GNL) y petroquímica. Una parte de las instalaciones de exportación de Atlantic LNG del país ha estado inactiva debido a la falta de gas.
Ambos países tienen “una relación de respeto”, dijo Young. Habían progresado en el desarrollo del campo hasta 2018, lo que condujo a un acuerdo comercial con el objetivo de llevar el suministro de gas a Trinidad en 2020. Pero las sanciones de Estados Unidos detuvieron el esfuerzo.
Si las negociaciones van bien, el gas técnicamente podría comenzar a fluir en dos años, dijo.
Suscripción de acuerdo en abril
Shell es un socio en el desarrollo junto con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad, Pdvsa y Pdvsa Gas, apuntó Young. El papel de Shell ha sido autorizado por Washington, cuya aprobación estaba condicionada a que no hiciera pagos en efectivo a Venezuela.
También se espera que el Gobierno y las empresas que participan en el proyecto Atlantic LNG suscriban el próximo mes un acuerdo definitivo para reestructurar su propiedad, dijo el ministro.
Dragón, que se encuentra cerca de la frontera marítima de las dos naciones, es propiedad de Pdvsa, que descubrió las reservas y construyó la infraestructura del campo. Su desarrollo se ha estancado durante más de una década por falta de inversión y por las sanciones internacionales sobre Venezuela.
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