Cerrarles las puertas puede llevar al tráfico humano y a incentivar la clandestinidad.
La ya de por sí muy difícil situación de los venezolanos que deciden abandonar su país acosados por el hambre, la miseria, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos se complica, y de qué manera. El Gobierno del Ecuador impuso que quienes deseen cruzar a su territorio deben ser portadores de pasaporte, y el de Perú hará lo propio desde este sábado.
A ello suman las tensiones xenófobas en Brasil, donde, el fin de semana pasado, cientos de venezolanos fueron expulsados a la fuerza por los habitantes de la localidad fronteriza de Pacaraima. Sus pocas propiedades fueron quemadas, y el Gobierno de Brasilia tuvo que enviar refuerzos militares a la zona.
Para un ciudadano de cualquier nación, obtener un pasaporte no debería ser nada extraordinario, salvo si es de Venezuela. Entre la falta de dinero del Gobierno para pagar el material de seguridad y la cantidad de solicitudes, el servicio de Identificación y Extranjería de este país puede tardar no menos de un año para expedirlo, por lo que los inmigrantes no tienen otra alternativa que cruzar con su cédula, que hasta ahora era el requisito exigido por los convenios entre los Estados de la región.
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¿Por qué están cerrándoles las puertas a los venezolanos?
Es hora de actuar de manera inteligente y coordinada. Los ciudadanos del país vecino,los de afuera y los de dentro, lo necesitan con desespero.
El efecto esperado, por supuesto, será que muchos se quedarán varados en Colombia, puerto de paso para un gran número de ellos, o simplemente cruzarán en forma clandestina, lo cual, sin duda, será caldo de cultivo perfecto para mafias de traficantes y demás especímenes criminales que se aprovechan de la tragedia de los inmigrantes para llenar sus arcas.
Por eso, desde Naciones Unidas se escucharon fuertes voces para que la dignidad de los inmigrantes sea protegida; desde la OEA se está convocando una reunión del Consejo Permanente para buscar salidas multilaterales, y Quito está pidiendo una reunión de países que se están viendo afectados por el fenómeno, la más grave crisis migratoria del continente. Según cifras de la ONU, estamos hablando de más de 2,3 millones de personas que han abandonado la patria de Bolívar desde el 2014.
Por lo mismo, celebramos la actitud firme de Colombia de no adherirse a la onda de las restricciones, porque tener clara y transparente la dimensión del problema sirve para plantear políticas públicas con el fin de enfrentarlo y, por qué no, aprovechar y potenciar el aporte venezolano, así como lo han hecho otras naciones que han vivido migraciones masivas con alentadores resultados. Por supuesto, también supone prevenir los brotes de xenofobia y controlar vectores como el posible impacto en la seguridad y también en el erario, en áreas como la salud, la educación y el empleo.
En el mismo sentido, no caer en las provocaciones militaristas y retóricas de Maduro, y actuar mancomunadamente con los otros vecinos, ahora que se abre paso una posible demanda conjunta para llevar al régimen a la CPI por posibles crímenes contra la humanidad. Es hora de actuar de manera inteligente y coordinada. Los venezolanos, los de afuera y los de dentro, lo necesitan con desespero.
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