Venezuela se consolidó, por segundo año consecutivo, en el foso del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Durante el año 2025, el país ocupó la posición 180 de 182 naciones analizadas, obteniendo una alarmante puntuación de 10 sobre 100, según el informe anual divulgado este martes por la organización Transparencia Internacional.
Esta calificación sitúa a la nación suramericana solo por encima de Somalia y Sudán del Sur (ambos con 9 puntos), y muy por debajo del promedio global y regional, que se sitúa en los 42 puntos.
Corrupción sistémica y desmantelamiento institucional
El reporte de TI identifica a Venezuela como una de las «autocracias plenas» del planeta, donde la corrupción no es un evento aislado, sino un fenómeno sistémico que permea todos los niveles del Estado.
«En Venezuela, los dirigentes han despojado a las instituciones de control de casi toda independencia. También han utilizado empresas estatales para su beneficio personal, incluida la gigante petrolera estatal, PDVSA», sentencia el documento.
El informe hace especial énfasis en el desfalco dentro de la industria petrolera, estimando pérdidas superiores a los diez mil millones de dólares vinculadas a esquemas de cambio de divisas y el opaco programa de criptomonedas.
Erosión estructural y comparación regional
Desde el año 2012, Venezuela forma parte de un grupo de países con un descenso sostenido en su integridad institucional, compartiendo esta tendencia con naciones como Siria y Hungría. Según TI, esta caída responde a una «erosión estructural de los sistemas de integridad impulsada por el retroceso democrático y redes de clientelismo arraigadas».
Panorama en las Américas:
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Peores calificados: Venezuela (10 puntos) y Nicaragua (14 puntos).
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Mejores calificados: Uruguay (63 puntos), Chile (63) y Costa Rica (56).
El vínculo entre represión y corrupción
La organización destaca que los países con puntuaciones inferiores a 25 —donde se ubica Venezuela— suelen ser territorios afectados por altos niveles de represión y conflictos internos. El informe concluye que, sin instituciones independientes que supervisen el gasto público, la corrupción se convierte en la herramienta principal para el mantenimiento del poder en regímenes no democráticos.
