El canciller venezolano, Yvan Gil, expresó su rechazo a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de dar luz verde a la Fiscalía de este tribunal para que continúe la investigación sobre las posibles violaciones de los Derechos Humanos cometidas en Venezuela durante las protestas opositoras de 2014.
Gil anunció que impugnará esta medida ante la Sala de Apelaciones y afirmó que “seguirá ejerciendo las acciones que contempla el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y garantizar sus derechos como nación”.
El jefe de la diplomacia venezolana calificó la reapertura de la investigación como una “ofensiva que usa abiertamente la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines ajenos a su naturaleza y a los objetivos que se buscaban con su creación”, según un comunicado.
“Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares (de la CPI) se preste para fomentar y colaborar con esta maniobra, que claramente desvirtúa el sentido de la CPI y socava su credibilidad como órgano de justicia internacional, pese a toda la información que se le ha facilitado”, añade el texto.
Denuncia de injerencia política
Gil sostuvo que, durante el proceso de la Fiscalía del CPI, “Venezuela ha denunciado la intención de manipular los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por las autoridades de Estados Unidos”.
“Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la tergiversación deliberada de un reducido conjunto de delitos contra los Derechos Humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano”, aseguró Gil.
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI respaldó así la solicitud de la oficina del fiscal Karim Khan, quien visitó a comienzos de junio el país sudamericano para sondear, entre otras cosas, la cooperación de las autoridades venezolanas con las indagaciones abiertas desde hace casi dos años y en las que se examina la presunta comisión de crímenes contra la humanidad.
La sala concluyó que, “si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía“.
Así, consideró que hay “periodos inexplicables” sobre los que no se ha investigado o que las pesquisas abiertas “en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior”, sin ascender en la escala de mando.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que debe someterse a la soberanía de la CPI.
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