La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) señaló hoy que la producción interna de comida del país caribeño solo alcanza para suplir a un 30 % de la población, y advirtió que la nueva Ley de Precios Acordados impulsará aún más la caída de la producción.
«Con la producción nacional estamos garantizando la comida del venezolano solamente en un 30 %, es decir, de cada tres días solamente un día tenemos garantizada la comida con lo hecho en Venezuela», indicó el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, en una entrevista con la emisora privada Unión Radio.
Hopkins dijo que la oferta de alimentos hechos en el país es «muy limitada y muy escasa», por lo que resaltó que en vez de aplicar un mayor control sobre los precios de los productos es necesario fortalecer el aparato productivo nacional.
«Lo que nos preocupa es el año 2018 (…) porque todos los rubros (productos) están cayendo en este año», señaló.
Asimismo, Hopkins consideró que la nueva Ley de Precios Acordados aprobada ayer por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se convertirá en «más de lo mismo», debido a que con una economía «inflacionaria e hiperinflacionaria (…) probablemente la revisión tendrá que ser semanal o quincenal».
De lo contrario, afirma, «sucederá lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años: rubros (productos) regulados con precios que no reconocen las estructuras de costos, se quiebra el productor y la consecuencia directa es que cae la producción».
Así, afirmó que un control de precios en la economía venezolana «es un error garrafal» que «continuará impulsando la caída sostenida de la producción nacional (de) los últimos 10 años».
La Constituyente venezolana aprobó este martes una «Ley de Precios Acordados» con la que pretende «aislar» a los factores «especulativos» que, según el Gobierno venezolano, han penetrado en el «sistema de precios» del país.
Según la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, «esto es un instrumento jurídico al servicio del pueblo» en medio de «tremenda lucha política contra la guerra económica» a que el Gobierno achaca la escasez y otros problemas que vive el país.
Esta ley consta de 12 artículos y «tiene por objeto establecer los principios y bases fundamentales para el programa de precios acordados mediante el diálogo y la corresponsabilidad entre los sectores público, privado, comunal y de los trabajadores», según reza su artículo 1.
EFE
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