Quince días después de las elecciones presidenciales de Venezuela que dieron como ganador al oficialista Nicolás Maduro con escasos 1,8 puntos porcentuales por encima de su principal rival, el líder opositor Henrique Capriles, el país se muestra partido en dos mitades que no se miran ni se reconocen.
Maduro empezó a gobernar pese a que Capriles ha dicho que le «robaron» las elecciones y no ha reconocido formalmente los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que el pasado día 14, fecha de los comicios, anunció el triunfo del oficialismo con 50,7 % de los votos contra 48,95 % que obtuvo la oposición.
El opositor se negó a aceptar el triunfo de quien era el presidente encargado tras la muerte del gobernante Hugo Chávez, y puso como condición para aceptar los resultados que se cuente el 100 % de los votos emitidos en los comicios tras reiterar que Maduro está «cargado de ilegitimidad».
El CNE anunció el pasado día 18 que sometería a revisión el resto de los votos que no fueron auditados el día de los comicios (46 %), dando así respuesta a la solicitud de Capriles, aunque una semana más tarde el líder opositor se negó a respaldar el proceso de auditoría por considerar que el análisis se realizaría de forma incompleta.
El jueves pasado, al no recibir respuesta de parte del CNE acerca de si los cuadernos electorales donde se encuentran las firmas y huellas digitales de los votantes formarían parte de la auditoría, Capriles anunció que impugnará las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dijo que los comicios deben repetirse.
La oposición anunció ayer que trabaja «a toda marcha» para presentar lo antes posible el pedido de impugnación de las votaciones y anunció que, en caso de no obtener respuesta positiva, acudirán a instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las pruebas jurídicas para la impugnación ya se están recopilando para ser presentadas antes del 6 de mayo, cuando vence el plazo legal para pedir este proceso, según Ramón José Medina, secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma que agrupa a la mayor parte de la oposición.
Así, aunque el clima de tensión ha bajado considerablemente en Venezuela pues ya no se observan protestas de calle, la mitad opositora del país se mantiene a la espera de que los pasos que ha dado su líder para exigir un recuento de votos ofrezcan algunas respuestas.
«Se profundiza la polarización y la confrontación entre dos países que se enfrentaron en las anteriores elecciones presidenciales», dijo a Efe la socióloga e investigadora de la Universidad Central de Venezuela Maryclein Stelling, que señala que las dos partes «se miran ahora como ilegítimos el uno al otro».
La académica apunta que Maduro «arrancó su gobierno de calle» y activó planes para atacar la inseguridad o la crisis eléctrica «ignorando al señor que está en rebeldía» que, indica, representa a una oposición que quiere generar una «crisis de gobernabilidad».
El CNE no ha ofrecido una declaración formal acerca de los elementos que serán analizados en la auditoría, sin embargo, uno de los cinco rectores del organismo electoral y el único afín a la oposición, Vicente Díaz, avaló la decisión de Capriles de exigir la revisión de los cuadernos de votación por ser «su derecho».
Díaz señaló que se abstuvo de votar en la sesión del CNE que se celebró ayer pues no fue atendida su solicitud de incluir el análisis de cuadernos y también celebró que el líder opositor recurra al Supremo para impugnar las elecciones.
No obstante, el rector ha reiterado que a sus manos no ha llegado prueba alguna que lo haga dudar de los resultados que dan ganador a Maduro pero destaca que la auditoría ayudaría a darle paz al país.
«Capriles tiene todo el derecho de solicitar una aclaración e incluso impugnar si considera que tiene pruebas suficientes para demostrar su punto, es un tema absolutamente legal y el Gobierno no puede criminalizar el cumplimiento de un derecho», dijo a Efe el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.
A juicio del analista, el Gobierno ha «criminalizado» los pasos que ha dado Capriles para pedir un análisis de los resultados procurando «vender la idea de un golpe de Estado» o la búsqueda de la desestabilización.
La ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, dijo el pasado martes que Capriles pagaría por los hechos de violencia del pasado día 15 cuando se produjeron protestas por los resultados electorales que dejaron 9 muertos y más de 70 heridos y le aseguró que sería encarcelado.
Asimismo, el jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, declaró ayer que Capriles tiene un «cementerio a sus espaldas» y lo acusó de estimular la violencia en el país.
Desde el otro bando, mientras tanto, los diputados opositores han denunciado que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Diosdado Cabello, les ha negado el derecho de palabra por no reconocer a Maduro y les ha asegurado que no recibirán sus salarios hasta tanto no lo hagan.
Fuente: GV
