El Gobierno venezolano usará «la fuerza cívico militar» para aplicar la Ley de Precios Justos, que permite ganancias no mayores al 30 %, anunció hoy el titular de la gubernamental Superintendencia de Precios, Andrés Eloy Méndez.
El Gobierno venezolano usará «la fuerza cívico militar» para aplicar la Ley de Precios Justos, que permite ganancias no mayores al 30 %, anunció hoy el titular de la gubernamental Superintendencia de Precios, Andrés Eloy Méndez.
«Ahora, en septiembre, en octubre, esta ley no la vamos a aplicar sola. La vamos a aplicar con los círculos de lucha, con la fuerza cívico militar, con los inspectores populares en las calles. Vamos a aplicar esta ley con toda la fuerza», subrayó Méndez en un acto televisado y en compañía de autoridades militares.
El funcionario remarcó que la aplicación de la norma es una orden que ha recibido del presidente del país, Nicolás Maduro, tras los obstáculos presentados cuando se intentó ponerla en vigor inmediatamente tras su sanción, en febrero pasado.
«La derecha respondió con la guarimba», una oleada de violentas protestas callejeras que entre febrero y junio dejó más de 40 muertes, recordó.
La ley fue sancionada el 10 de febrero, al día siguiente los fiscales comenzaron la revisión de precios en los comercios para obligar a la reducción de precios en productos marcados con márgenes de ganancias superiores al 30 % «y el día 12 de febrero arrancó la guarimba», recordó Méndez.
«La ingenuidad que cometimos nosotros fue aplicar una ley revolucionaria a un mercado acostumbrado a especular (…) y tratamos de aplicarla de la manera más institucional y sutil, pero ahora no; ahora con la fuerza cívico militar», insistió.
La ley forma parte de las iniciativas gubernamentales para hacer frente a lo que denomina «guerra económica», una ofensiva que el oficialismo achaca a la oposición para desestabilizar al Gobierno de Maduro y que en un último capítulo registra una ofensiva «contra el contrabando», principalmente hacia Colombia.
La directora del Departamento de Delincuencia Organizada del Ministerio Público, Yurima Gil, dijo hoy en la estatal Radio Nacional que 794 personas han sido detenidas desde que a mediados de agosto pasado el Gobierno lanzó una operación militar «contra el contrabando de extracción de productos de primera necesidad, combustible y material estratégico».
El contrabando se ha disparado ante el alto rendimiento que ofrece la compra de productos de la canasta básica en Venezuela, con precios limitados por la ley y el alto costo que tienen en Colombia.
Esa relación de ganancia se dispara en el caso del combustible, ya que llenar un tanque de gasolina de 50 litros en Venezuela cuesta medio dólar.
Venezuela arrastra una complicada situación económica con una inflación acumulada del 39 % en lo que va de año y de más 60 % interanual, además de una economía con síntomas de deterioro y muy golpeada por la escasez y el desabastecimiento.
Fuente: Agencia
