El partido UNT propone que el gobierno tome una serie de medidas, para enfrentar la crisis agroalimentarias, ante la destrucción de las unidades de producción del país, que ha generado la paralización del 60 por ciento de la producción de alimentos, el aumento del 70 por ciento de las importaciones, escasez y desabastecimiento, por lo que considera necesario que haya seguridad jurídica, derecho a la propiedad, descentralización de las políticas públicas y modificar las leyes de Pesca y Acuicultura, Ley de Tierras y desarrollo Agrario y la ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, de lo contrario el pueblo pasará más hambre.
El señalamiento lo hizo Fernando Camino Secretario Nacional de Productores y Emprendedores de UNT, en rueda de prensa, quien hizo un análisis sobre la crisis del sector agroalimentario que ha generado la escasez y el desabastecimiento de alimentos en compañía del Secretario de Políticas Públicas de UNT, Ysrrael Camero.
Explicó Camino que la mala aplicación de las políticas públicas del gobierno han destruido las unidades de producción pública de alimentos, la cual está paralizada en un 60 por ciento. “El gobierno ha intervenido 4 millones de hectáreas de tierras que hoy en su mayoría están improductivas”.
En cuanto a la escasez de alimentos dijo que se ubicaba en un 60 por ciento y entre los alimentos más escasos se encuentra la harina de maíz precocida en un 89 por ciento, el aceite de maíz en un 95 por ciento, leche en polvo en un 90 por ciento, café en un 94 por ciento y carnes en un 64 por ciento.
Frente a la crisis UNT propone
Ante este panorama camino en nombre de UNT propone al gobierno tomar una serie de medidas urgentes, como implementar mecanismos legales para garantizar la seguridad del medio rural, así como de la propiedad y de sus bienes.
“El gobierno debe reconocer el derechos de propiedad de la tierra y de los bienes de los productores, así como la justa indemnización de las unidades de producción, de las agroindustrias y de las empresas agrocomerciales, arbitrariamente tomadas por el gobierno”.
Agregó que el gobierno debe Iniciar una política para otorgar la propiedad de las tierras, pertenecientes al Estado Venezolano, sin más limitaciones que las establecidas en el Artículo 105 de la Constitución Nacional. Así como, transferir al sector productor, las empresas agroindustriales y del agrocomercio mal gerenciadas por el gobierno.
“Descentralizar la aplicación de las políticas públicas y de la inversión oficial, dirigida al fortalecimiento del desarrollo social del sector rural y a la producción agrícola. Con especial énfasis en la infraestructura social y en las áreas de financiamiento, comercialización, investigación y transferencia tecnológica”.
Así mismo propone la necesidad de concertar con los sectores de la producción de alimentos, las políticas necesarias para combatir la escasez y el desmedido aumento de precios y reducir las importaciones, mediante estímulos a la producción nacional, fundamentados en la despolitización y la seguridad jurídica.
Finalmente considera necesario reformar las siguientes leyes, que en su aplicación han contribuido al desastre que ha llevado al país a la crisis agroalimentaria, como son: La ley de pesca y Agricultura, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
