La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denuncia que los tumores, hipertensión, diabetes y trastornos mentales son más frecuentes de lo que se estima en los presos políticos. Reclaman atención médica inmediata
Con una lista de aproximadamente 900 políticos, reportados por la ONG Foro Penal, se sabe que al menos un 10 % de estos detenidos sufren de problemas serios de salud.
Desde la hipertensión, diabetes, insuficiencia renal hasta enfermedades críticas como la insuficiencia renal, cáncer y secuelas de accidentes cerebrovasculares son las condiciones de varios presos.
En un artículo de Efecto Cocuyo hacen mención de Otoniel Guevara, Ermilendris Benítez, Rocío San Miguel y Carlos Chamcellor figuran como algunos de los detenidos enfermos, según datos de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Esta ONG, que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad, registró el empeoramiento de la salud de al menos 92 personas encarceladas por razones políticas.
En la lista de JEP, figuran 12 casos con diagnósticos como cáncer, insuficiencia renal y emergencias médicas que requieren atención urgente. Martha Tineo, abogada, defensora de derechos humanos y coordinadora general de JEP, cuestionó la falta de respuesta del sistema penitenciario frente a estas situaciones críticas y destacó la indiferencia institucional hacia los detenidos más vulnerables.
“Suficientemente se denuncia cuáles son los casos más graves, cuáles son los que requieren una atención inmediata. Se hacen llamamientos ante las autoridades de forma pública y de forma privada y hay una absoluta indiferencia al agravamiento de las condiciones de vida de estas personas”, dijo Tineo, citada por el medio de comunicación.
Aseguró que el sistema penitenciario es incapaz de cumplir con sus responsabilidades básicas, especialmente a quienes enfrentan enfermedades graves. “Una pésima gestión que lejos de cumplir con lo que establece la norma constitucional en ese sentido que es garantizar no solamente condiciones de reclusión digna a favor de los privados de libertad, sino favorecer estrategias para la rehabilitación”, explicó.
Entre los presos políticos con condiciones graves están José de Jesús Gómez Bustamante, con hipertensión y cadiomiopatia hipertrófica. También Alejandro Pérez Gámez, con adenocarcinoma, María Auxiliadora Delgado, con fibroquístico mamario y César Belfort, con insuficiencia renal y una costilla fracturada no tratada, por sólo mencionar algunos casos.
La hipertensión y la diabetes son las afecciones más comunes entre las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela.
Entre los 92 casos registrados por JEP, 29 personas padecen de estas enfermedades crónicas cuyas condiciones necesitan seguimiento médico continuo.
Tineo dijo cómo estas personas con enfermedades, presentes antes de la detención en muchos casos, empeoran en reclusión por la falta de atención adecuada. “Hay personas que tenían enfermedades preexistentes a la detención y, evidentemente, no recibieron la atención médica que necesitan con las condiciones de reclusión. Pues estas enfermedades se han agravado, se han agudizado”, indicó.
La ausencia de infraestructura sanitaria en las cárceles es un factor clave para la proliferación de enfermedades. “No solo no se dispone estructuralmente de los servicios de atención médica idóneos en los centros de reclusión, sino que hay una inclemencia ante las condiciones en las que esas personas se encuentran”, dijo.
Por su parte, ocho personas presentan condiciones derivadas de presuntas torturas o lesiones físicas no tratadas, un aspecto que la abogada vinculó directamente a la intención punitiva del sistema.
Tineo recalcó que estas situaciones son parte de un castigo deliberado hacia los presos por motivos políticos. “La prisión forma parte de un castigo a la oposición real o así percibida por las autoridades nacionales y entonces se suma justamente la crueldad, la inclemencia porque el sistema se utiliza para castigar e incluso condenar anticipadamente a estas personas”.
Asegura que, entre los presos políticos, también hay diez casos de trastornos neurológicos, psicológicos o del desarrollo, como autismo y ansiedad.
Tineo recuerda que el Estado es responsable de la vida y la integridad física y emocional de todas las personas que se encuentran privadas de libertad, ya que el entorno carcelario impacta y deteriora la salud mental de quienes están detenidos.
“El hacinamiento, la insalubridad, la falta de agua potable y la alimentación deficiente —cuando la reciben— agravan la situación. En muchos casos, ni siquiera les proporcionan comida, dejando esa responsabilidad completamente a las familias”, explicó.
