“Escasez, inflación, corrupción y destrucción de la propiedad privada son, fundamentalmente, los amargos frutos que han dejado la aprobación de leyes habilitantes en nuestro país durante estos casi 15 años de desgobierno”, afirma Fernando Camino, integrante de la Comisión Técnica Agroalimentaria de la MUD, después de hacer un recuento de la aprobación y aplicación de ese tipo de leyes en nuestro país.
A propósito de la aprobación por parte de los diputados del gobierno de una nueva Ley Habilitante, esta vez para Nicolás Maduro, Camino recordó que fue mediante la Ley Habilitante aprobada por la dócil mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, el 11 de noviembre de 2000, entre el 28 de febrero al 13 de noviembre de 2001, que Chávez sancionó 49 decretos-leyes.
“Entre estos decretos-leyes está la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuyos defensores señalaban que con este instrumento se pondría fin a la concentración de la ocupación de la tierra de uso agrícola en pocas familias. Evidentemente que los defensores del propósito de “democratizar el uso de la tierra” no se enteraron que el gobierno que emitía el instrumento legal para ese momento era propietario de 9 millones de hectáreas de uso agrícola, la gran mayoría de ellas ociosas”, indicó el vocero de la MUD.
Esa Ley de Tierra y Desarrollo Agrario en sus artículos 25; 40; 43; 82; 84; 89 y 90; viola los artículos 115 y 116 de la Carta Magna, donde se establecen los derechos de propiedad y se señalan a los sujetos susceptibles a la acción legal de confiscación de tierras y bienhechurías.
Para mayores perjuicios, según detalla Camino, esta ley también suprime el derecho a la defensa y al debido proceso de los afectados y vulnera el principio constitucional de la separación de poderes, al asumir actuaciones de los tribunales y de los registros inmobiliarios.
“También con esta habilitante se aprobó, la Ley de Pesca y Acuicultura. Quienes auspiciaron y aprobaron esta ley señalaron que era un instrumento legal, orientado y diseñado para proteger y defender al pescador artesanal. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. La realidad es que en aquellos Municipios del país donde existe una fuerte influencia de la actividad pesquera, sus pobladores están sensiblemente afectados por la aplicación de este instrumento jurídico”, recalcó Camino.
Esta ley, adicionó, le impone al pescador artesanal a través de su articulado, una serie de normas que afectan el libre ejercicio de la actividad pesquera y el sagrado derecho al trabajo.
“Por ejemplo, los artículos 21 y 46, intervienen todas las actividades de la comercialización, de los productos de la faena de la pesca artesanal, confisca parte de estos, regulándole los precios y ordenándoles donde y a quien pueden venderle el fruto de su trabajo, fijándoles además una cuota que los obliga a hacer una “entrega gratuita” al gobierno nacional de un porcentaje del producto capturado”, subrayó.
Para colmo de males, según Camino, la ley impuso restricciones ecológicas, que no se aplican en ninguna parte del mundo, lo cual condujo a la paralización de la flota pesquera industrial, circunstancia que ha sido aprovechada por la pesca industrial proveniente de Cuba (Albapesca), Guyana y Trinidad, países que violan nuestro espacio acuático y a quienes no se le aplica la ley.
“Los niveles de corrupción y de escasez e inflación, que estamos sufriendo en el sector de alimentos, son fundamentalmente, el fruto de esta ley habilitante que le permitió al régimen, teniendo como instrumento la Ley de Tierras y la de Pesca, acabar con la producción privada y someter al pueblo al castigo de tener que andar de mercado en mercado buscando los alimentos básicos, y cuando los consigue apenas puede comprar parte de lo que necesita, ya que su costo no le permite hacer la compra completa. Esas son las funestas consecuencia de la aprobación de leyes habilitantes en nuestro país, en estos casi 15 años de desgobierno”, finalizó el representante de la Mesa de la Unidad Democrática.
Fuente: Nota de prensa
