El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo este martes que una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano habilita las penas centenarias aplicadas a pandilleros, a pesar de que la Constitución prohíbe la cárcel perpetua.
«Muchos de los que están ahí (presos) no van a salir, y no van a salir porque el Gobierno no quiera, sino porque ha habido una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de los condenados por delitos de terrorismo vinculados a las estructuras criminales hay alguna acumulación de la pena», indicó Ulloa durante un acto público en la capital salvadoreña.
Según señaló el funcionario «aquí en El Salvador está prohibida por Constitución la prisión perpetua» y «nadie puede pasar más de 30 años en prisión por los delitos que ha cometido», pero «en el caso de las estructuras criminales hay una acumulación de la pena», por lo que se aplican penas de cientos de años.
«300, 400 años»
«Es el único caso donde se hace esa excepción constitucional y por eso ven en los periódicos que una persona fue condenada para 300 años, para 400 años. Esas personas no van a salir», sostuvo sin dar más detalles sobre las sentencias a las que hizo referencia.
Pese a lo señalado por Ulloa, que nadie puede pasar más de 30 años en prisión, la legislación salvadoreña en su Código Penal impone penas de hasta 60 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. Este se aprobó por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele tras registrar los días más sangrientos de la historia reciente salvadoreña con el asesinato de más de 80 personas en tres días.
El proceso penal contra los pandilleros en El Salvador
En este contexto, el Órgano Legislativo ha aprobado reformas para incrementar penas y modificar el proceso penal contra los supuestos líderes de pandillas y sus colaboradores, además, se han impuesto penas en los tribunales de hasta más de 1.000 años y otras de varios cientos más.
Investigaciones periodísticas han señalado que esta escalada de violencia se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las bandas criminales.
Esta medida, que suma más de 91.300 detenciones, se convirtió en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.
La polémica medida -aceptada por buena parte de la población- ha recibido señalamientos por violar derechos humanos y ha dejado más de 6.400 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.
Además se reportan la muerte de 480 personas detenidas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según organizaciones humanitarias. EFE
