La promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática marca un hito en la transición venezolana, pero para los defensores de derechos humanos y los familiares de las víctimas, es apenas un «pequeño primer paso» en una batalla que aún luce cuesta arriba.
Mientras la norma entra en vigor este viernes, las cifras de Foro Penal sirven de recordatorio sobre la magnitud del desafío: más de 600 ciudadanos permanecen en prisión y cerca de 11.000 personas siguen atadas a medidas restrictivas de libertad.
El pulso por el Estado de Derecho
La celeridad con la que el régimen ha movido sus piezas es notable. Tras su publicación en Gaceta Oficial, la comisión de verificación se instala de inmediato. Sin embargo, la retórica del poder sigue siendo ambivalente:
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La instrucción de Delcy Rodríguez: La noche del jueves, la presidenta encargada pidió revisar los casos excluidos, pero al mismo tiempo instó a acelerar la reforma del Poder Judicial liderada por Diosdado Cabello, un movimiento que muchos ven como un intento de consolidar el control sobre los tribunales antes de que la amnistía surta efecto.
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Justicia bajo sospecha: Organizaciones civiles advierten que la reconciliación será una ilusión mientras no se desmantelen las estructuras de persecución estatal.
¿Perdón político o justicia real? Las limitaciones de la Ley
A pesar de sus pretensiones de paz y convivencia, el análisis técnico de la norma revela vacíos críticos que comprometen su efectividad:
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La trampa de la discrecionalidad: En un giro irónico, serán los mismos tribunales que ordenaron las detenciones arbitrarias quienes decidirán ahora quiénes califican para el beneficio. Sin un contrapeso independiente, la libertad sigue dependiendo de la voluntad del juez.
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El concepto de «Perdón» vs. «Derecho»: La ley no reconoce el carácter injusto de los procesos. Está diseñada bajo la premisa de un «perdón» otorgado por el Estado a quienes considera delincuentes, en lugar de anular la criminalización de la protesta y la libertad de expresión.
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Restricción Temporal: La amnistía solo abarca trece episodios específicos ocurridos entre 1999 y 2026, dejando fuera numerosos casos de persecución que no encajan en los períodos de «manifestaciones y hechos violentos» definidos por la norma.
Entre la paz y el control
El objetivo declarado de la ley es la «rectificación nacional», pero el país observa con cautela. La pregunta que flota en el aire es si este instrumento busca realmente sanar las heridas de la sociedad o si es una concesión táctica del chavismo para ganar tiempo en una transición que aún no garantiza el retorno pleno al Estado de Derecho.