El Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció que Samanta Hernández, una adolescente de 16 años de edad detenida arbitrariamente el año pasado, fue presionada por su defensora pública para que admitiera delitos que no ha cometido durante su audiencia preliminar, celebrada el jueves 15 de enero.
En un comunicado publicado en redes sociales, la organización afirmó que se trata de un caso de persecución familiar y castigo colectivo, vinculado al exilio de su hermano, el teniente Cristián Hernández, crítico del gobierno.
La defensora pública asignada por el Estado, Annely Ramos, identificada como Defensora Pública 16 Penal de Adolescentes, habría insistido en que la menor admitiera hechos que niega haber cometido, pese a que no se le han informado formalmente los cargos, de acuerdo con la ONG.
Presentan a Samanta Hernández en un tribunal de terrorismo
Samanta Hernández fue detenida el 19 de noviembre de 2025 por funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la vivienda de sus abuelos, ubicada en la parroquia El Valle, en Caracas. Es hermana del teniente Cristián Hernández, crítico del gobierno y actualmente en el exilio, y sobrina de Henry Castillo, desaparecido desde enero de 2025.
La adolescente fue presentada ante la jueza Kelly Núñez, titular del Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. De acuerdo con el Comité, a sus padres se les impidió el acceso a la sala de audiencias y permanecen a la espera de conocer los cargos que se le pretenden imputar.
En la misma audiencia también habría sido presentada Aranza de los Ángeles Hernández, de 19 años de edad, hermana de Samanta.
Denuncian castigo colectivo contra familia del teniente Cristián Hernández
El Comité aseguró que la detención de Samanta y Aranza Hernández se inscribe en un patrón de persecución familiar y castigo colectivo por parentesco, conocido como Sippenhaft, cuyo objetivo sería forzar la entrega de su hermano, el teniente Cristián Hernández.
La organización señaló que prácticas similares se han registrado recientemente en el país y citó, entre otros, los casos de la familia del teniente José Rodríguez Araña; del capitán Antonio Sequea; del periodista Omario Castellanos, recientemente excarcelado; y del diputado Fernando Orozco, desaparecido junto a varios de sus familiares.
En el caso de la familia Hernández, también permanece detenida Maykelis Borges, esposa del capitán, quien estaba embarazada al momento de su detención cerca de la plaza Altamira.
Exigen liberación de adolescentes y presos políticos
El Comité reiteró además su exigencia de libertad para el adolescente Gabriel Rodríguez, condenado a 10 años de prisión, y para todas las personas detenidas por razones políticas en Venezuela.
“No hay reconciliación ni transición posible con presos políticos. ¡Que sean todos liberados ya!”, expresó la organización en su pronunciamiento.
🚨 ALERTA | El poder sigue ensañándose contra niños y adolescentes detenidos por motivos políticos en Venezuela
Presionan a Samantha para que admita delitos que no cometió, mientras Gabriel (17) sigue condenado a 10 años.
Mientras la familia de Gabriel Rodríguez continúa… https://t.co/gvWrdTae6a pic.twitter.com/lklzRnGxGD
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 15, 2026
