El juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López, por presuntamente incitar las protestas que desde febrero sacudieron el país, para buscar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro; y las denuncias de sus abogados de que, hasta ahora, ni la Fiscalía ni los tribunales les han aceptado una sola de las pruebas que presentaron para demostrar la inocencia del fundador de Voluntad Popular han disparado las alarmas allende de las fronteras patrias. Al menos este es el sabor de boca que dejó la presencia ayer de una representante de la delegación de la Unión Europea en Caracas en el proceso.
La diplomática finlandesa Katarina Leinonen era una de las 15 personas que ayer siguió la maratónica tercera sesión del debate oral y público contra el exalcalde de Chacao y los jóvenes Marcos Coello, Christian Holdack, Ángel González y Demián Martínez, la cual se prolongó por casi seis horas y comenzó con más de dos horas de retraso.
Tal y como estaba previsto el miércoles comenzaron a desfilar por ante la jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, los primeros testigos, todos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero antes la funcionaria desechó las quejas de la defensa sobre la vio- lación al principio de publici- dad del proceso y para poder utilizar tabletas (Ipads) para su labor.
«Este juicio es público según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)», respondió la funcionaria a la demanda de uno de los abogados de los jóvenes para que se permitiera el ingreso a más personas que quisieran seguir el proceso en vista de que había un banco totalmente vacío. «Este juicio es público porque las puertas están abiertas», zanjó Barreiros, obviando que la Guardia Nacional Bolivariana mantiene cerrado el paso a terceros por el pasillo que conduce a la sala de audiencias del piso 1 del Palacio de Justicia.
Respecto a la solicitud de la defensa para poder utilizar un Ipad para realizar su trabajo, replicó: «Para eso están las reproducciones que suministra el Tribunal y el lápiz», en clara contracorriente con la política del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual semanas atrás puso en funcionamiento un sistema de videoconferencias para agilizar los juicios.
Por los chamos
Como en las dos sesiones anteriores, López tomó la palabra e insistió en el carácter político del proceso. «¿Qué clase de juicio es este donde uno no puede presentar pruebas para defenderse? (… ) Cada sesión que pasa se ve más el carácter político de este juicio».
Tras reclamar la inmediata liberación de Holdack, el único joven que permanece detenido; y agradecer a Janeth Frías, madre de Bassil Dacosta, uno de los tres fallecidos el 12 de febrero, que acudiera al juzgado para respaldarlo, López afirmó: «Lo ocurrido a partir del día 12 no es culpa de mis tuits o de lo que dije o dejé de decir, es culpa de los muertos que ocurrieron ese día».
Precisamente el abordar el asunto de los fallecidos y heridos registrados tras la marcha opositora del Día de la Juventud, provocó un aireado debate entre los fiscales y la defensa. Aunque la jueza le dio la razón a la fiscal Narda Sanabria, quien recordó que tanto el caso de Dacosta como de Juan Montoya los conoce otro juzgado, el asunto terminó ventilándose gracias a que dos de los testigos promovidos: El inspector Jesús Oliveros y la detective Silvia Rueda reconocieron haber participando en las primeras pesquisas de ambos crímenes.
Las contradicciones entre los testimonios de Oliveros y Rueda frente a los de los también policías Luis Martinelli y Ángel Villamizar en relación a las horas que inspeccionaron las patrullas del Cicpc que fueron destrozadas en los disturbios posteriores a la protesta, sobre quiénes tomaron las fotos que figuran en el expediente o sobre qué pasó con las conchas de las balas que impactaron en la sede de Fundacaracas, permitieron al abogado Juan Carlos Gutiérrez denunciar que habían mentido y, por ello, solicitó que fueran sometidos a un careo para despejar las dudas.
La solicitud será resuelta por la jueza en la próxima sesión prevista para el 10 de septiembre.
JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
