La Unión Europea renovó las sanciones contra funcionarios de seguridad pertenecientes a los organismos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) debido a los delitos de tortura.
«El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2063. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024 y deben actualizarse los motivos de inclusión en la lista de dieciséis personas», informó la UE en su página web.
Los funcionarios sancionados fueron identificados como Carlos Alberto Calderón Chirinos, Hannover Esteban Guerrero Mijares, Alexander Enrique Granko Arteaga y Rafael Antonio Franco Quintero, quienes fueron incluidos por primera vez en la lista de sancionados de la UE el 27 de septiembre de 2019 a los cuales se les actualizó el motivo de sus sanciones.
- Carlos Alberto Calderón Chirinos: Agente del comando de élite de la Policía Nacional de Venezuela (PNB/FAES). Exfuncionario de alto rango (al que se refieren como comisario general, director de El Helicoide y director de Investigaciones Estratégicas) del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Agentes de la Dirección de Investigaciones Estratégicas bajo su supervisión cometieron detenciones ilegales, actos de tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual y de género. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza y maltrato de los detenidos en las instalaciones del SEBIN. En particular, ha participado y es responsable de actos de tortura y trato cruel, inhumano y degradante de detenidos en El Helicoide, una prisión del SEBIN.
- Rafael Antonio Franco Quintero: General de brigada del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela (FANB). Agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Jefe de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía desde agosto de 2019. Director de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Deipc) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entre noviembre de 2016 y noviembre de 2018. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de la Dgcim bajo su mando, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a los detenidos en las instalaciones de la Dgcim, en especial en el centro de detención Boleita. Los agentes bajo su mando también estuvieron implicados en violencia sexual contra los detenidos. También fue responsable de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática por miembros de la Dgcim bajo su mando. Relacionado con la muerte del capitán Acosta Arévalo.
- Alexander Enrique Granko Arteaga: Director de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde 2017. Jefe de la Oficina del centro de detención de la Dgcim Boleita desde el 29 de agosto de 2022. De 2017 a 2022 ordenó, supervisó y participó directamente en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas breves, torturas –incluida la violencia sexual– y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ascendido al rango de teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana el 1 de julio de 2020. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por él mismo y por funcionarios bajo su mando, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza hasta provocar lesiones o la muerte y malos tratos a los detenidos en las instalaciones de la Dgcim. También fue responsable de la represión ejercida contra la sociedad civil por miembros de la DGCIM bajo su mando e incluso participó directamente en dicha represión. Relacionado con la muerte del capitán Acosta Arévalo.
- Hannover Esteban Guerrero Mijares: Segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 35.a brigada de la Policía Militar desde 2019. Director de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Deipc) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2019. Como director de la Deipc, supervisaba las instalaciones de la Dgcim en el centro de detención Boleita. Durante este período, agentes de la Dgcim en Boleita cometieron actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violencia sexual. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por él mismo y por funcionarios bajo su mando, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a los detenidos, especialmente en Boleita. Relacionado con la muerte del capitán Acosta Arévalo.
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