Una joven con la cara tapada y un cartel participa de un plantón contra el Gobierno de Nicaragua.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea exigió este martes al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ponga fin al «uso desproporcionado de la fuerza» contra los manifestantes, aplique el Estado de derecho y acabe con el clima de «impunidad» reinante en ese país centroamericano.
«Llamamos al Gobierno de Nicaragua a poner fin al uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, frenar los arrestos basados en leyes que criminalizan la protesta pacífica, poner en libertad a los manifestantes pacíficos» y que garantice un proceso justo contra los detenidos, señaló la diplomacia de la UE en un comunitario.
El departamento que dirige la alta representante para la Política Exterior comunitaria, Federica Mogherini, señaló que «cinco meses después del estallido del conflicto, la situación sigue siendo una seria preocupación para la UE».
Agregó que las autoridades nicaragüenses continúan «dañando gravemente» los principios democráticos básicos, como la rendición de cuentas ante la Justicia y el respeto al Estado de derecho, lo que genera un clima de «miedo y desconfianza».
La UE destacó que la «falta de cooperación oficial» con las misiones internacionales de investigación sobre prevención de abusos relacionados con los derechos humanos favorece la «impunidad».
En ese sentido, la diplomacia europea reclamó a Managua que permita el regreso de los efectivos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de la ONU y aplique los resultados de los informes de esa agencia de Naciones Unidas.
El Gobierno nicaragüense retiró el pasado 31 de agosto su invitación a la OACDH, dirigida por Guillermo Fernández Maldonado, tras haber emitido ésta un informe en que denunció el «alto grado de represión» estatal en las protestas contra el Ejecutivo, en las que se han registrado «más de 300 muertos y 2.000 heridos».
El Ejecutivo de Daniel Ortega calificó este informe de «subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado».
La diplomacia de la UE reclamó asimismo que, además de autorizar el regreso de la OACDH, Managua aporte el apoyo necesario al Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Bruselas exigió también que Managua «garantice que los perpetradores de abusos a los derechos humanos» rindan cuentas por sus actos y también reclamó el «desarme y disolución» de grupos armados en el país.
En su comunicado, el Servicio de Acción Exterior comunitario subrayó que la UE y sus Estados miembros apuestan por la continuidad de un «diálogo inclusivo sobre justicia y democracia como salida a la crisis actual» y reiteró «su deseo de contribuir a este proceso como medio para corresponder las legítimas aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense».
Según cifras oficiales del Gobierno de Nicaragua, la actual crisis del país se ha cobrado ya 199 muertos y ha supuesto más de 1.000 millones de dólares en daños.
Organizaciones humanitarias locales y extranjeras elevan la cifra de víctimas mortales a 512 y contabilizan más de 300 «presos políticos».
Imagen: Radio Martí
(EFE)
