El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela solicitó a la Contraloría General que le remitiera los antecedentes administrativos relacionados con la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, quien impugnó la medida ante el máximo tribunal.
La Sala Política Administrativa del TSJ del país caribeño acordó notificar a la Contraloría General de la República (CGR) para que en un plazo continuo de tres días le enviara información sobre el caso de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, quien presentó una demanda de reclamación y otra de amparo cautelar contra la “vía de hecho que simula un acto de inhabilitación inexistente” que le impide ejercer cargos públicos por 15 años.
“A efectos de emitir un pronunciamiento acerca de la admisibilidad de la demanda y eventualmente acerca de la procedencia de la solicitud del amparo cautelar, resulta necesario solicitarle a la Contraloría General de la República la remisión de los antecedentes administrativos del caso, con especial énfasis en la copia certificada de los actos administrativos mediante el cual le fue impuesta la sanción de inhabilitación política a la ciudadana María Corina Machadoo”, indica un oficio de la Sala Política Administrativa del TSJ del 19 de diciembre.
Obstáculo para la oposición
Machado y otros dirigentes opositores están afectados por inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos públicos que son calificadas de “ilegales”, pero que les dificultarían inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
Noruega, el país que facilita las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, difundió un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada”, entre el 1 y el 15 de diciembre podría presentar un recurso contra la medida ante el TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
Luego de la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en octubre, Estados Unidos emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas operaciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos que empezaron a materializarse este miércoles.
La oposición y otros sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido empleadas por el Gobierno para “sacar del juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
Con información de Voz de América (VOA).
