Hoy se cumple un mes desde que presentaron en el Tribunal Supremo de Justicia la primera de las siete impugnaciones que fueron introducidas entre el 2 y el 8 de mayo ante la Sala Electoral contra las elecciones presidenciales del 14 de abril. Los magistrados sólo han decidido la inadmisión de una de ellas. En cuanto a las otras, ni siquiera han resuelto si les darán entrada al tribunal para pasar a decidir el fondo del asunto.
El recurso que hoy cumple 31 días sin respuesta en el TSJ es precisamente el que fue interpuesto en nombre del ex candidato Henrique Capriles Radonski, que según el Consejo Nacional Electoral logró un total de 7.363.264 votos, cifra que representa un estrecho margen de diferencia con el proclamado presidente Nicolás Maduro, que obtuvo 7.587.532 sufragios.
El abogado Enrique Sánchez Falcón, integrante del grupo de juristas que presentó el 2 de mayo el recurso en nombre de Capriles, señaló que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que la decisión sobre la admisión de estos recursos debe ser resuelta en un plazo aproximado de cinco días.
«Obviamente hay una dilación inadecuada porque estamos ante una situación en la cual el Gobierno no quiere que se conozca lo que pasó el 14 de abril, pero no se puede someter a la sociedad a una incertidumbre permanente», advirtió Sánchez Falcón. Considera que la traba principal consiste en que el Gobierno no está dispuesto a llegar a la fase probatoria del proceso en la que se debatirán las denuncias hechas por la oposición sobre el comportamiento parcializado del CNE a favor del candidato oficialista.
El abogado señaló que la norma no establece un tiempo máximo para dictar la decisión final, pero indicó que si se suman los lapsos previstos en la ley para resolver, el recurso debería ser decidido en tres meses. Pese a esto, ha pasado un mes y seis de los siete recursos siguen sin siquiera haber sido admitidos.
Menos trabajo, más demora. Oscar Ghersi, que formó parte del grupo de abogados que redactó el recurso interpuesto en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, advirtió que es inexplicable que la Sala Electoral no haya decidido a pesar de que es la instancia que menos recursos recibe en el TSJ.
“La Sala Electoral es la que tiene menos volumen de trabajo y eso se constata viendo la numeración de los expedientes. Lo único que nos queda es especular y pensar que la sala no halla qué hacer con el recurso”, dijo Ghersi.
Para el 2 de mayo la Sala Electoral había recibido 25 recursos en lo que va de año, mientras que, por ejemplo, en la Sala Político Administrativa habían entrado para el 9 de mayo un total de 765 causas en el 2013. El expediente al que se le asignó el número 25 en la instancia electoral fue precisamente el de la impugnación que presentó Capriles.
La abogada Adriana Vigilanza, que presentó otro de los recursos que reposan en el TSJ, denunció que los magistrados ya no respetan ni los lapsos ni las formas. “En octubre del año pasado presentamos una impugnación contra las presidenciales del 7 de octubre que nunca fue admitida y que, a pesar de ello, fue resuelta el 15 de este mes con el argumento de que el objeto de la solicitud había decaído porque el presidente Hugo Chávez había muerto”, dijo.
Recusaciones. El recurso interpuesto en nombre de Capriles fue introducido junto a dos recusaciones, a las que luego se sumó una tercera. «El criterio que ha utilizado la Sala es que como hay recusaciones primero deben decidirlas para pasar a resolver la admisión, pero la ley del TSJ señala que las recusaciones no suspenden el proceso», señaló el abogado Gerardo Fernández, que también integra el grupo de juristas que representa a Capriles.
Las dos primeras recusaciones fueron interpuestas el 2 de mayo contra los magistrados Jhannett Madriz y Malaquías Gil, que hasta el 8 de mayo ocuparon la presidencia y la vicepresidencia de la Sala Electoral respectivamente. Estas dos solicitudes fueron declaradas sin lugar el 27 de mayo y apeladas tres días después. El 14 de mayo, el magistrado Fernando Vegas, presidente de la mencionada instancia, también fue recusado. Esta solicitud está a la espera de respuesta. En los tres casos se alegó que estos funcionarios han formado parte del Psuv, han trabajado para el Ejecutivo o han hecho declaraciones a favor del Gobierno.
«Históricamente es justo para el país que se nos admita la impugnación porque esa será la oportunidad para demostrar el fraude electoral», señaló Fernández. Asegura que la dilación de este caso se debe a razones políticas.
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