El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró este viernes la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un marco jurídico aprobado el jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional, con el que se busca recuperar bienes relacionados con la corrupción.
La ley fue aprobada en medio del escándalo por tramas de corrupción reveladas recientemente por las que han sido detenidas 61 personas, entre ellas varios funcionarios.
A juicio de la Sala Constitucional del TSJ, el escrito «contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas«.
Aunque el texto, como manda la Constitución, dice que entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial -para lo cual hace falta la promulgación por parte del jefe de Estado, Nicolás Maduro- uno de sus apartados reza: «la extinción de dominio procederá, aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieren ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley».
EFE
