Durante el marco del registro 2026, más de 29.200 personas completaron el proceso en línea, incluyendo 17.000 niños y 12.200 adultos. El registro digital se cerró el 26 de febrero, luego de haberse abierto el 26 de enero. . El gobierno aclaró que los migrantes continúan sujetos a deportación si cometen delitos, proporcionan información falsa o incumplen las leyes de inmigración
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, anunció que propondrá a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, reabrir el registro de migrantes, tras la elevada demanda y la preocupación entre personas indocumentadas que buscan regularizar su situación.
Durante el marco del registro 2026, más de 29.200 personas completaron el proceso en línea, incluyendo 17.000 niños y 12.200 adultos; de ellos, 23.342 eran venezolanos. Sin embargo, más de 12.000 solicitudes fueron consideradas incompletas debido a la falta de documentación. Otros solicitantes provenían de Jamaica, Guyana, Cuba y Nigeria.
El registro digital se cerró el 26 de febrero, luego de haberse abierto el 26 de enero. Los migrantes que completaron el proceso deben asistir a entrevistas presenciales entre el 2 y el 27 de marzo en cuatro sedes de Trinidad y Tobago: el estadio Ato Boldon, el estadio Larry Gomes en Arima, el estadio Dwight Yorke en Tobago y el estadio Hasely Crawford en Puerto España. Durante estas citas se tomarán huellas dactilares y se verificará la información antes de emitir las tarjetas de registro que permitirán trabajar legalmente en el país.
Alexander reconoció que el primer día de inscripción presencial presentó dificultades logísticas, aunque aseguró que las operaciones mejoraron con el avance de la jornada. Respecto a la reapertura de la plataforma en línea, especialmente solicitada por migrantes indígenas de Moruga que carecen de documentos, el ministro indicó que cualquier decisión será tomada tras consultas con la primera ministra.
El registro está vinculado al Aviso Legal 470 y a la Orden de Inmigración (Exención del permiso de trabajo) de 2025, cuya vigencia iba del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026. El gobierno aclaró que los migrantes continúan sujetos a deportación si cometen delitos, proporcionan información falsa o incumplen las leyes de inmigración, y que de las 4.237 solicitudes previas, solo 727 habían sido renovadas al cierre de 2025.