El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, desestimó este lunes un recurso presentado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lo que da luz verde a su extradición a Estados Unidos. El caso pasa ahora a la ministra británica del Interior, Priti Patel, que debe autorizar la entrega, aunque se espera que la defensa recurra otras partes del proceso, lo que podría ralentizarlo.
El Tribunal Supremo de Reino Unido desestimó este lunes la petición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para recurrir su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de espionaje, y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados.
En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dio luz verde a la extradición de Assange y hoy el Supremo, última instancia judicial, rechazó tramitar más recursos, por lo que la decisión final será de la ministra del Interior, Priti Patel, informó este lunes la propia WikiLeaks.
El Supremo rechazó la admisión a trámite de recursos porque la solicitud no planteó “un argumento legal debatible”, según recoge el diario británico ‘Daily Mail’.
Además, cierra la vía abierta en enero por la jueza Vanessa Baraitser, quien alegó que no se debía autorizar la extradición de Assange, ciudadano australiano, por riesgo de suicidio.
Este revés para Assange llega apenas unos días después de que su prometida, Stella Moris, anunciara que se le permitiría casarse con Assange. La ceremonia está prevista para el 23 de marzo, apenas unas semanas antes del tercer aniversario de la detención del activista tras su salida de la Embajada ecuatoriana. Desde entonces está en una celda de alta seguridad en la prisión de Belmarsh.
El fundador de WikiLeaks permanecía refugiado en la Embajada ecuatoriana desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales, finalmente desestimados. En Estados Unidos se enfrenta a 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo.
El caso no tiene precedentes en Estados Unidos bajo la normativa original, la Ley de Espionaje de 1917. Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información.
EFE
