Un tribunal de primera instancia de Bonaire condenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al pago de 41,69 millones de dólares por deudas acumuladas con la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec).
La sentencia firmada por el juez F Gerard fijó este monto por concepto de las obligaciones contraídas hasta el mes de abril de este año por la estatal venezolana, en virtud del contrato establecido para el manejo de la refinería y del terminal marítimo que forma parte del mismo complejo, ubicado en el sector Kaminda Turistiko Brasil, al suroeste de la isla.
El reclamo correspondiente fue formulado en mayo por Constantijn Michiel van Liere, fiduciario de Bopec una vez que la empresa fue declarada en quiebra, indicó el portal Crónicas del Caribe.
Según el expediente de este caso, en enero de 2002 Pdvsa celebró con Bopec un “acuerdo de almacenamiento y rendimiento”, según el cual la compañía bonairense guardaba el crudo venezolano en sus depósitos del terminal marítimo, y luego lo reexportaba en nombre de la estatal, a cambio de una tarifa en dólares por capacidad de almacenamiento.
En el último ajuste, vigente desde enero de 2016, era de 40 centavos de dólar por el total de barriles que podían permanecer en los tanques, aún si esa capacidad no era completamente aprovechada.
Entre Pdvsa y Bopec mediaba una cadena de compañías. En primer lugar está Pdvsa Petro, una subsidiaria cuya función es vender el crudo nacional “a clientes fuera de su propio grupo”. De allí que el servicio de Bopec en cuanto a la reexportación de hidrocarburos fuese prestado a esta subsidiaria.
Mientras tanto, parte del capital accionario de Bopec fue adquirido por otra compañía de Pdvsa, Propernyn BV.
A partir de septiembre de 2017, Pdvsa Petro cesó sus pagos por el servicio que prestaba Bopec. Esto ocasionó que la empresa bonairense entrara en quiebra, debido a la imposibilidad de pagar su nómina y llevar a cabo las obras de mantenimiento para estar a la altura del estándar en materia de preservación ambiental.
En su defensa, los abogados de la estatal venezolana argumentaron que el tribunal de esta antilla carecía de jurisdicción para conocer los reclamos, y que el litigio debía cursarse a través de un arbitraje, tal y como fue establecido en el contrato inicial.
El juez Gerard no solo desechó esta objeción, sino que también avaló la exigencia del reclamante en cuanto a la urgencia de una decisión, tomando en cuenta que “el almacenamiento y manejo de petróleo de las terminales conlleva costos operativos considerables, en parte debido a requisitos específicos para las operaciones comerciales, en las que la seguridad para las personas y el medio ambiente son centrales”. Además, se reconoció la existencia de un creciente pasivo laboral.
En la actualidad, Bopec tiene una nómina de 23 empleados. Cuando comenzó a operar, daba empleo -directo o indirecto- a 300 personas.
Fuente: Globovision
Por: Maria Laura Espinoza
Twitter: @i_am_LauEz14
